El Gobierno del Principado de Asturias prevé ampliar a partir del año que viene los servicios de la oficina antidesahucios, dada su escasa demanda. La ventanilla, que gestiona la Dirección General de Justicia e Interior, recibió hasta el pasado 20 de octubre tan sólo quince solicitudes de asesoramiento. De ellas, 14 se derivaron a la oficina de intermediación hipotecaria y una al servicio de orientación jurídica. El departamento se puso en funcionamiento en noviembre de 2012 y desde entonces, únicamente se atendió a unas 400 personas. La mayoría (214) tuvieron lugar en 2013. A partir de ahí, el número de actuaciones cayó en picado, situándose en 88 en 2014 y en 15 en lo que va de este ejercicio.
Ante la disminución de consultas, las consejerías de Presidencia y Participación Ciudadana y Servicios y Derechos Sociales están estudiando la posibilidad de ampliar sus servicios con el objetivo de beneficiar a un mayor número de asturianos.
Una de las vías que sopesa el Gobierno regional es prestar asesoramiento a los ciudadanos en riesgo de perder su vivienda a causa de un impago de alquiler y que no sólo por no abonar los plazos de la hipoteca. De hecho, la oficina ha recibido en este tiempo más clientes con estas características que las que admitía la ventanilla.
La oficina antidesahucios se puso en marcha a finales de 2012 con el objetivo de ofrecer alternativas y soluciones a la situación que atraviesan muchas familias tras contraer préstamos para la adquisición de vivienda, fundamentalmente a través de una hipoteca, y que a causa de la crisis económica no pudieron satisfacer sus obligaciones con las entidades bancarias. Entonces, comunidades como Andalucía y Castilla y León contaban con ventanillas similares a la asturiana.
La atención comienza siendo telefónica a través de una línea gratuita (900700027) o por vía email mediante el siguiente correo electrónico: oficina.antideshaucios@asturias.org. Superada esta primera fase, si los solicitantes cumplen los requisitos establecidos, se derivarán sus peticiones a los abogados designados por el Colegio, que atenderán al público los martes y jueves en horario de 10 a 13 horas.
Allí se les asesora sobre los trámites que les permitan tanto acogerse al derecho de los servicios de justicia gratuita como solicitar una vivienda pública en alquiler. Para los casos más graves, el Gobierno tiene reservado un pequeño número de viviendas. En estos pisos de urgencia han residido una media de 150 personas. El Principado ha decidido que los que sigan con problemas económicos severos -con unos ingresos familiares de entre 800 y 900 euros- puedan quedarse durante más tiempo en las casas.
Dentro de este marco, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y el Colegio de Abogados de Oviedo han renovado el convenio de colaboración que suscribieron en mayo para la prestación del servicio gratuito de atención, asesoramiento e intermediación a deudores hipotecarios.
El requisito para poder acceder a esta prestación es que los ingresos económicos brutos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) vigente. La intermediación trata de facilitar que los afectados consigan alguno de los siguientes objetivos: reestructurar su deuda para lograr la viabilidad, una quita en el capital pendiente de amortización o la dación en pago de su vivienda. El Colegio de Abogados de Oviedo recibirá una subvención de 6.480 euros. Esta cantidad es el resultado de multiplicar el número máximo de horas de servicio que se prevé ofrecer por los 45 euros fijados de media para el pago de cada una de ellas.
