Tres responsables de una empresa de transportes se enfrentan hoy a la solicitud de una condena conjunta de doce años de prisión, cuatro por cabeza, por estafar presuntamente algo más de un millón de euros a Arcelor Mittal entre 2009 y 2012, cuando su compañía transportaba mercancía para la multinacional siderúrgica. El proceso, que será enjuiciado en la sección tercera de la Audiencia Provincial en tres jornadas de juicio que comienzan hoy, pone a los tres empresarios ante unos hechos que, según la versión de la Fiscalía, se sustancian en una alteración de los datos relativos al peso de los materiales transportados que habría desembocado en un incremento ilícito del rendimiento económico que los encausados obtenían de las operaciones.

Los tres figuraban como administradores solidarios de una sociedad a la que Arcelor adjudicó un contrato para el transporte de cal gruesa, cal fina, dolomía y caliza desde la cementera de Tudela Veguín hasta las factorías de Gijón y Avilés. Comenzaron a prestar el servicio en 2005 y el compromiso fue renovándose año a año hasta abril de 2012, pero fue en el periodo comprendido entre el 21 de junio de 2009 y el 20 de mayo de 2012 cuando, siempre según las calificaciones del fiscal, los acusados "hincharon" de forma reiterada y "de común acuerdo" las toneladas de material que transportaban con el propósito de elevar sus beneficios.

A la luz del relato de los hechos que consta en las calificaciones del ministerio público, los empresarios devolvían modificadas las hojas de excel que cada diez días recibían por correo electrónico del maestro de transportes internos y responsable del control, comprobación y emisión de actas de Arcelor. Estos envíos, "sin protección ni bloqueo de datos", contenían el recuento de los viajes y del volumen de la mercancía transportada según los datos consensuados entre la siderúrgica y Tudela Veguín. Ellos se las reenviaban alteradas, con las toneladas aumentadas, y para eludir el control de la multinacional se valían de la "confianza y la buena voluntad" del operario, que después de varios años de trabajo con la misma empresa validaba los documentos sin hacer más comprobaciones. A lo largo de los cerca de tres años que duró la supuesta estafa, los acusados habrían obtenido mediante esta estrategia un beneficio extra de 1.028.608,27 euros.

Aunque uno de los tres encausados renunció a su cargo de administrador en la compañía de transportes en octubre de 2011, la Fiscalía solicita para cada uno de ellos idéntica condena, cuatro años de prisión y una multa de 3.600 euros, además de la obligación de indemnizar a Arcelor de forma conjunta y solidaria con una cantidad equivalente al dinero supuestamente estafado. El ministerio público pide además que del abono de esta reparación responda subsidiariamente la empresa de transportes de los acusados.