El primero de los tres hermanos, empresarios del transporte, obligados a responder de la supuesta estafa de un millón de euros a Arcelor abrió el juicio "sorprendido por estar aquí". Aquí es el banquillo de los acusados y el cargo de estafa, según su defensa, una estrategia de la siderúrgica para evitar pagarles una deuda. Ayer, en la sección tercera de la Audiencia Provincial, los tres negaron haber hinchado el apunte del tonelaje de la mercancía que sus camiones transportaban de la fábrica de Tudela Veguín a las acerías de Gijón y Avilés para incrementar así ilícitamente sus beneficios, pero no todo les resultó tan ajeno. La cantidad del supuesto fraude sí les suena. Esos 1.028.608,27 euros coinciden, dicen, con "lo que se nos debe por las últimas actas de trabajos que no nos han pagado", con las facturas que su empresa ejecutó una cesión de crédito con una entidad bancaria. Eso manifestaron todos ante el tribunal en la primera jornada de las tres de un juicio que les enfrenta a una solicitud de condena de cuatro años de prisión por cabeza con petición de restitución de lo presuntamente estafado.

Su defensa, ejercida por los abogados Gonzalo Botas y Pablo Pérez, pide la libre absolución, asociada al inicio de un procedimiento por denuncia falsa, sobre la base de que "la única vía" que le cabía a la empresa para esquivar el pago del dinero que quedó pendiente era tratar de acreditar la inexistencia o la invalidez del contrato y que sólo de ese propósito deriva esta acción penal. Los encausados justificaron su sorpresa por sus 15 años de trabajo para la multinacional del acero y porque la conclusión de su vínculo contractual no fue abrupta ni la decidió Arcelor, sino que fueron ellos quienes cedieron el contrato a otro adjudicatario.

La versión de la siderúrgica, corroborada ayer por los directivos que testificaron ante el tribunal, dice que se detectó un desfase entre las anotaciones de transporte y las compras de cal, dolomía y caliza entre 2009 y 2012 y que la empresa de los tres imputados "infló" deliberadamente las toneladas que hacía constar en las actas que remitía a Arcelor para generar las facturas. Para ello habrían contado con la complicidad involuntaria del trabajador que entonces ejercía como maestro de transportes internos en la siderúrgica, que a raíz de estos hechos fue sancionado y relevado del puesto y que ayer reconoció que por su confianza de años de trabajo con el contratista daba por válidos los datos de cantidades transportadas que le remitían los acusados y que "no comprobaba" que el peso del material declarado por ellos coincidiese con los registros de la base de datos.

Los testigos citados por Arcelor corroboraron que las actas llevaban otras firmas aparte de la del maestro sancionado, pero que la obligación de comprobación dependía en última instancia de éste. Del testimonio de una de las trabajadoras del departamento se desprende, no obstante, que el procedimiento habitual era la comprobación de la veracidad de las actas antes de su ratificación.