Con 377,3 millones de euros para 2016, la consejería de Servicios y Derechos Sociales es de las pocas que crecen en el proyecto presupuestario, con casi 15 millones de euros más que este año, un incremento del 4 por ciento. Así lo destacó ayer la consejera, Pilar Varela, que señaló que el salario social, la aplicación de la ley de dependencia, y el plan de rescate social son algunas de las prioridades del presupuesto.

"Tenemos que hablar de números y estadísticas, pero tras cada uno de estos números hay personas, por eso les animo a apoyar este presupuesto", afirmó Varela, que destacó que el objetivo del Gobierno es que "ninguna persona que lo necesite se quede sin una prestación social. Hemos estirado al máximo cada euro".

El salario social dispondrá el año que viene de una partida ampliable de 95 millones de euros (menos de lo que se gastará a finales de este año), lo que supone una cuarta parte del dinero con el que contará la consejería. El objetivo es aumentar la nómina del salario social dando de alta a 3.300 titulares más.

La aplicación de la ley de Dependencia requerirá un gasto de 32 millones de euros, 3,5 millones más que este año, para cubrir las necesidades de 11.000 personas. A ello se suman los 13,3 millones de ayuda a domicilio y teleasistencia, servicios que se amplían para atender a los dependientes moderados, según aseguró Varela.

El plan de rescate social, incluido en el pacto de investidura con IU, destina 1,4 millones para paliar la pobreza energética, que llegará, estima la consejera, a 4.000 familias. El plan de pobreza infantil (sobre el que Varela pidió "una reflexión seria") contará con 2,2 millones de euros, además de otro millón para acogimiento familiar. También incluye un plan de garantía habitacional, con una cuantía de 23 millones de euros, con 21 medidas que van desde ayudas de emergencia, apoyos a los alquileres (15,2 millones de euros), recuperación de pisos de Vipasa, rehabilitación de edificios y un protocolo de actuación en los juzgados.

La oposición no ahorró, sin embargo, críticas al proyecto presupuestario. La diputada Marta Pulgar, de IU, fue la más conciliadora, asegurando que es un presupuesto positivo, dentro de un contexto negativo, pero matizó que su grupo no ha dado aún un apoyo definitivo a la propuesta, e instó al Gobierno a buscar "consenso" con la izquierda. Nuria Devesa, diputada del PSOE, alabó la propuesta, destacando que "el Gobierno prioriza a las personas, no como Mariano Rajoy", mientras el PP habló de "ridículo". "Presentan un presupuesto que no les gusta, y dicen que la culpa es el PP. Han convertido esto en un acto electoral. El salario social es escaso, y la consejería tiene un peso en el presupuesto de 9,6 por ciento. Es la misma monserga de todos los años", afirmó el diputado Matías Rodríguez Feito.

Para Ciudadanos, la propuesta es "decepcionante", sobre todo en lo que respecta a la ley de Dependencia, según destacó Diana Sánchez. Pedro Leal (Foro), considera que el salario social es insuficiente, un "parche" ante el fracaso de la política de empleo, mientras que Rosa Espiño, de Podemos, calificó la propuesta de continuista. "Es el mismo presupuesto que no ha podido resolver las carencias de la ciudadanía en tiempos pasados". Una nueva muestra de la falta de apoyo parlamentario de las cuentas.