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Del atajo político a la normativa "desproporcionada"

05.12.2015 | 05:02

Varios municipios asturianos han visto como los tribunales de justicia les tumbaban sus planes urbanísticos en los últimos años. Una normativa "desproporcionada" y los atajos políticos son las causas más frecuentes de estos fracasos, a juicio de los expertos.

¿Cuáles son los principales reglamentos en vigor?

La Comisión de Urbanismo del Principado de Asturias (CUOTA) es el organismo autonómico que tiene las competencias sobre legalidad urbanística en el Principado. Además, por un lado está el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, conocido como ROTU. Por otro, el Texto Refundido de las Disposiciones Legales sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo, que es el TROTU.

¿Cuáles son las causas que generan la anulación de los planes urbanísticos?

Los expertos del Colegio de Arquitectos apuntan directamente a las deficiencias de la legislación existente, que hace prácticamente imposible redactar un plan impoluto. Los juristas afirman que las exigencias son tales que los magistrados, en la mayor parte de las ocasiones, no tienen más remedio que dictar sentencias que no satisfacen ni a quien recurre ni a la Administración. Además, en Asturias se han dado casos, como el de Gijón, en los que el planeamiento urbanístico cayó en los tribunales por defectos en la exposición pública.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de redactar un plan urbano?

Hay tres instrumentos que son fundamentales, a juicio de los expertos del Colegio de Arquitectos. La primera, garantizar la participación ciudadana. En segundo lugar, disponer de todos los antecedentes del historial urbanístico para fijarse en los aciertos y no repetir los errores que se detecten. Por último, los especialistas advierten de que la necesidad de actuaciones complementarias a la redacción del plan.

¿Cómo se solucionan los problemas de los municipios para redactar sus planes urbanísticos y evitar que los jueces los tumben?

Alfonso Toribio, presidente del Colegio de Arquitectos, considera que hay que simplificar la normativa y evitar que un detalle conlleve la anulación de un plan. Respetar los plazos administrativos -por ejemplo, los de información pública- y no dejarse llevar por las prisas políticas y electorales son otras de las claves.

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