El juicio contra la conocida como "banda de los surferos" empezó ayer en la Audiencia de Oviedo con la negativa de los principales acusados a declarar y el rechazo taxativo de los letrados de las defensas a que exista una red organizada, como sostiene la Fiscalía. El Ministerio Público pide en total condenas que suman 78 años y medio de cárcel, aunque la mayor pena es la que solicita para el presunto cabecilla de la supuesta organización, para el que reclama 17 años de prisión y una multa de casi 5,5 millones de euros.
La "banda de los surferos", desarticulada por la Policía en 2012, tenía en su poder la mayor cantidad de "speed" aprehendida en Asturias, al menos hasta ese momento. Y era, además, una de las más importantes de España: casi 30 kilos. A eso había que sumar, según informó la Policía en aquel momento, mil bellotas de hachís, 60 gramos de cocaína, 38 kilos de hachís en placas, diversas cantidades de MDMA -sustancia psicoactiva con propiedades estimulantes-, varias armas, 71.000 euros en efectivo, numeroso material para adulterar y manipular la droga, 32 teléfonos móviles y siete vehículos de alta gama.
Las investigaciones habían comenzado en 2011, cuando en las zonas de ocio de Oviedo, Avilés, Salinas y la cuenca del Nalón principalmente se detectó una mayor demanda de "speed" en detrimento de otras más tradicionales, como el hachís, la marihuana y la cocaína.
La Policía Nacional aseguró en el momento de la desarticulación de la supuesta banda que "estaban tratando de colocarse en la élite, en el top de la droga. Tenían una seria perspectiva de convertirse en uno de los monopolios más importantes en cuanto a distribución de 'speed' de toda la cornisa cantábrica".
Los detenidos en aquel momento fueron 12, aunque ahora están acusadas seis personas como supuestas integrantes de la banda organizada, mientras que a otros tres se les sienta en el banquillo en calidad de colaboradores. Mientras los primeros se acogieron ayer a su derecho a no declarar, los otros tres sí lo hicieron, para negar cualquier implicación en los hechos más allá de que consumían estupefacientes.
Uno de ellos admitió que había comprado una prensa para uno de los principales acusados, pero explicó que había sido haciéndole un favor porque le dijo que era para hacer sidra y que él no entendía de máquinas.
Tras la primera sesión del juicio, la abogada Ana García Boto mostró su malestar por la negativa del Tribunal a admitir nuevas pruebas y escuchar sus alegaciones sobre lo que considera unas escuchas ilegales que deberían de suponer la anulación de todo el procedimiento. Otros letrados, sin embargo, indicaron que aunque no es lo habitual, la forma de operar del Tribunal fue la correcta ya que se está tratando de un sumario.
La vista oral continuará a las 10.30 horas en la sección segunda de la Audiencia Provincial con el inicio de la toma de declaraciones a los testigos, en este caso de la Fiscalía, que ayer rechazó llegar a acuerdos con los letrados de las defensas para rebajar las condenas.
