Para el fiscal Alejandro Caballero, la actuación de los seis empresarios acusados de fraude fiscal y falsificación que ayer se sentaron en el banquillo del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo está perfectamente clara. Cuatro empresarios, pertenecientes a tres sociedades, emitieron facturas por servicios inexistentes con el fin de que otra empresa, Hierros J. Pombo, una constructora con obra en la Autovía del Cantábrico y la Expo de Zaragoza, por poner dos ejemplos, redujese la base imponible mediante deducciones.

El fiscal puso en duda las cantidades facturadas por las tres empresas. Por ejemplo, C. P. C., un transportista propietario de una Renault Kangoo, llegó a cobrar de la constructora en 2007 -el ejercicio en el que ésta defraudó, según la acusación, casi 168.000 euros, tras facturar siete millones- la cantidad de 230.000 euros, por diversos portes, sobre todo en el norte de España.

En 2005 y 2006, el acusado sostiene que ganó cantidades similares, pero preguntado por el fiscal sobre el destino del dinero, ofreció una respuesta insólita. "Gané en tres años 600.000 euros, pero lo gasté todo en fiestas", indicó para justificar que no figurasen en ningún sitio. A preguntas de su letrado, Francisco Pérez Platas, añadiría luego que, a raíz de su divorcio, se había hecho "adicto a la cocaína, las mujeres, la noche".

P. J. A. y M. Á. Á., administradores de una empresa avilesina de informática y albañilería, facturaron otros 250.000 euros a Hierros Pombo, por intermediación en la contratación de trabajadores de la construcción. Los empresarios indicaron que no guardaban factura alguna de esos trabajos, tal como puso de manifiesto una inspección de 2010 de la Agencia Tributaria. El fiscal llamó la atención sobre lo antieconómico de que Hierros Pombo pagase a esos trabajadores 15 euros por hora, y que la empresa avilesina facturase 20 (los contratos, por otro lado, eran de 11 horas, los siete días de la semana). El abogado del Estado preguntó a los empresarios el motivo por el que no habían comunicado esta cesión de trabajadores a la Seguridad Social.

Un cuarto empresario, P. G. F., propietario de una gasolinera de Tineo, facturó a Hierros Pombo unos 40.000 euros. El fiscal se interesó por el motivo de que la constructora comprase gasóleo en esta estación de servicio para transportarlo luego a obras situadas fuera de la región. Los administradores de Hierros Pombo, los hermanos portugueses P. J. de A. P. y D. de A. P., justificaron los trabajos de estas empresas por "cuestiones organizativas" y porque "eran de confianza". Buena parte de las preguntas del fiscal fueron contestadas con un "no me acuerdo" o un "eso lo llevaba la asesoría".

El fiscal, que pedía inicialmente dos años de prisión para cada uno de los seis acusados, terminó elevando la solicitud de pena a tres años, al considerar que el delito de facturación falsa había sido continuado. El juicio quedó visto para sentencia.