"Necesitamos que nos aporten los medios necesarios para poder hacer la revisión, sobre todo durante unos tres o cuatro meses. Con los fiscales y funcionarios que somos ahora, si nos dedicamos a revisar las causas antiguas, se nos van a atascar las nuevas", explicó la fiscal superior. "Con lo que tenemos ahora es imposible, muy difícil con la marea de asuntos que tiene que llegar a la Fiscalía", añadió. El proceso es complejo. Se reclama a los juzgados las causas atrasadas y, una vez que llegan a la Fiscalía, tienen que ser registradas en la aplicación con la que ésta trabaja (Fortuny). Luego, se pasaría la causa al fiscal para que valore si se trata de una investigación normal o compleja y después el expediente regresa al funcionario para que registre la salida al Juzgado. Es un volumen de trabajo ingente, que en la sede judicial de Oviedo correspondería a cuatro funcionarios, y en el resto de la sedes, a un número aún menor.
Anticipando los problemas que podrían presentarse por la puesta en marcha de la nueva ley de enjuiciamiento, el fiscal general del Estado recabó datos de las diferentes fiscalías superiores y presentó un plan de refuerzo para aquellas en las que la ratio de fiscales y diligencias a revisar fuese superior a 200. La Fiscalía General ha propuesto al Ministerio de Justicia que se refuercen las sedes con mayor volumen de trabajo con 80 fiscales y 117 funcionarios. De ellos, corresponderían a Asturias tres fiscales y cuatro funcionarios. La propuesta ha tenido en cuenta las actuales dificultades presupuestarias. La cuestión es que, en el caso de Asturias, corresponde al Gobierno del Principado que se pongan los medios para llevar a cabo este refuerzo, que aún no se ha llevado a cabo.
