Han pasado ya once años del escándalo de la cinta de Cancienes, aquella que le costó el puesto al entonces jefe de la Comandancia de Gijón, José Antonio Rodríguez Bolinaga, y echó un manto de sospecha sobre la cúpula de la Guardia Civil asturiana, sustituida en poco tiempo. El caso es que el escándalo pudo evitarse. El entonces capitán Virgilio López Rico supo de la existencia de la grabación cinco días antes de su difusión, tras ser vendida a un medio de comunicación madrileño. Intentó ponerse en contacto en dos ocasiones con el entonces jefe de la Comandancia de Oviedo, el teniente coronel Fernando Aldea, con el fin de que la cinta fuese entregada a las autoridades judiciales y así poner un dique al escándalo. Pero no le hicieron caso. Incluso le culparon, una vez revelada la noticia, eso sí, de forma velada, de ser la mente que estaba detrás de la difusión de la cinta. El hoy comandante de la reserva Virgilio López acaba de cumplir anteayer mismo una condena de seis meses de cárcel que le impuso un tribunal militar por la carta en la que culpaba a sus superiores de estar obsesionados en perseguirle sin razón alguna mientras se fraguaba la venta de dinamita que hizo posible el 11-M.
La historia de la cinta, o al menos la que ha trascendido, es bien conocida. Se grabó en el verano de 2001, poco después de la "operación Pípol", que había llevado a prisión a Antonio Toro y había dejado milagrosamente incólume al exminero José Emilio Suárez Trashorras, que luego vendería la dinamita del 11-M a Jamal Ahmidan, "El Chino". El gijonés Francisco Javier Lavandera denunció primero ante la Policía y luego ante la Guardia Civil los manejos del grupo de avilesinos con la dinamita. Habla incluso de contactos con ETA, de que Trashorras le ha preguntado si conoce a alguien que pueda montar bombas con móviles, de una cantidad importante de explosivos, hasta 400 kilos. El guardia Jesús Campillo graba la declaración de Lavandera, pero ésta termina en un cajón de la Policía judicial.
Al cabo de un tiempo, en 2003, la cinta aparece en una mesa en el patio del cuartel del Cancienes (Corvera), donde la recoge el guardia David Robles, hoy fuera de la Guardia Civil. Robles no la escucha, porque no tiene reproductor. Sí lo hace el 15 de octubre de 2004, coincidiendo con la declaración del exjefe de la Guardia Civil de Asturias, el ya general Pedro Laguna. En esa declaración, Laguna hace referencia a Lavandera, pero minimiza su aporte de información a la llamada "operación Serpiente", abierta a raíz de la denuncia del gijonés.
Robles entrega al día siguiente la cinta al capitán jefe de Avilés, José Antonio Bermejo, y éste, al jefe de la Comandancia, Rodríguez Bolinaga, quien, lejos de hacerla llegar al magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, instructor del 11-M, decide guardarla en una caja fuerte.
El 5 de noviembre de 2004, sin embargo, una copia de la cinta se escucha en un despacho de abogados de Oviedo. En ese momento, las personas que tienen en su poder la grabación están en negociaciones con un medio de comunicación nacional para su venta. El capitán Virgilio López escucha causalmente la cinta y se da cuenta de su trascendencia. Esa misma noche -según consta en la relación de llamadas de este guardia civil- llama al teniente coronel Fernando Aldea en dos ocasiones, con el fin de comunicarle lo que está a punto de ocurrir. No le ponen con su superior.
La existencia de la grabación se conoce el 10 de noviembre de 2004, después de ser vendida por una cantidad importante de dinero. Estalla un gran escándalo. Aunque el entonces fiscal superior, el fallecido Gerardo Herrero, eludió acusar a Rodríguez Bolinaga de ocultación de pruebas, al considerar que los investigadores de los atentados en Madrid sabían desde abril de 2004 de la existencia de la "operación Serpiente" y del informe que sobre la denuncia de Lavandera había hecho Jesús Campillo, las revelaciones le cuestan el puesto al jefe de la Comandancia de Gijón. Aparte de dejar el cargo, Rodríguez Bolinaga es expedientado y condenado a diez días de sanción. Eso no le impedirá ascender tiempo después a coronel y hacerse cargo de la unidad técnica de la Policía judicial en Madrid.
Virgilio López, que atraviesa un calvario por haber denunciado irregularidades en los vales de gasolina por miembros del cuerpo, que ha llegado incluso a ser detenido y se le ha intentado involucrar en un asunto de prostitución, sin éxito alguno, pasa a ser sospechoso de haber difundido la cinta, sin razón de peso. Hasta el fiscal superior le señala en una entrevista, aunque sin dar su nombre, lo que motiva una carta de queja. López será condenado más tarde a seis meses de prisión por la carta en la que acusaba a sus superiores (Laguna, el entonces comandante Jambrina...) de estar más preocupados en perseguirle sin razón alguna que de evitar el 11-M, que se estaba fraguando ante sus narices. Anteayer cumplió los seis meses de prisión que le impuso un tribunal militar.
