Un informe de la Comisión Nacional de la Competencia pone en entredicho la efectividad de los convenios entre las administraciones públicas y las aerolíneas para captar nuevas rutas o mantener las que ya están en servicio. El caso de León es un ejemplo paradigmático. Tras haber destinado casi 24 millones de euros a acuerdos con compañías, la terminal ubicada en la antigua base militar de la Virgen del Camino ha cerrado 2015 por debajo de los 40.0000 viajeros y tiene serios problemas para mantener una actividad regular. Es más, casi ni es capaz de atraer aerolíneas pagando por sus rutas El pasado año, el consorcio público integrado por la Diputación y el Ayuntamiento de León lanzó un concurso dotado con 336.000 euros para contar con media docena de enlaces a la playa durante la temporada de verano y la convocatoria quedó desierta, después de que ni una sola empresa se animara a presentar ofertas.
Aunque el del aeródromo de la Virgen del Camino es el más llamativo, en Castilla y León hay otros ejemplos de una más que cuestionable aplicación del dinero público para relanzar la actividad en las terminales. En Burgos, cada pasajero sale por 226 a las arcas públicas y en Salamanca a 82 euros, si se compara lo que las instituciones públicas aportan a las compañías con el número de viajeros que utilizan anualmente los aeródromos de esas ciudades.
El informe de Competencia recoge varios ejemplos similares a los castellano-leoneses para concluir que aquellos aeropuertos que presentan unas ratios más altas de aplicación de fondos públicos ven reducido el número de pasajeros por debajo de la media nacional. Además, advierte de que en algunos casos esas partidas se destinan a sostener de forma "artificial" aeropuertos y rutas que no tienen rentabilidad alguna.
En la actualidad, Asturias paga 2,7 millones de euros al año a las aerolíneas, pese a lo cual solamente ha logrado incrementar su oferta de destinos internacionales con un enlace de temporada a Venecia, en Italia.
