Revive una vieja rencilla en el seno de la Guardia Civil asturiana que antecedió al escándalo del 11-M. El comandante de la reserva Virgilio López Rico acaba de presentar ante la Fiscalía asturiana una denuncia por falso testimonio contra el coronel Francisco Javier Jambrina, el otrora responsable de operaciones de la Comandancia de Oviedo en la época del entonces coronel Pedro Laguna y el teniente coronel Fernando Aldea. López Rico, que acaba de cumplir seis meses de cárcel por insultar precisamente a Jambrina -al que afeó por carta que se hubiese dedicado a perseguirle, mientras se fraguaba la venta de la dinamita del 11-M-, acusa al coronel, actual jefe de la Comandancia de La Coruña, de mentir en el juicio en el que resultó condenado.
En concreto se refiere a las supuestas órdenes verbales que Jambrina dijo haber recibido del juez de Castropol para detener a López Rico por falso testimonio, en el marco de una investigación por asuntos de prostitución, del que salió libre de polvo y paja. El juez declaró no haber ordenado el arresto.
Un asunto vidrioso que arranca el 22 de julio de 2000, cuando el entonces teniente López Rico, destinado en Vegadeo, dio cuenta a sus jefes de la existencia de irregularidades en las reclamaciones de carburante en los vehículos del puesto, un fraude de poco más de 300 euros. López sostenía que Pedro Laguna, el entonces jefe de la Comandancia de Oviedo -sería luego, ya coronel, responsable de las dos comandancias asturianas-, le dijo que dejase el asunto correr, porque daría mala imagen al cuerpo. Uno de los supuestos responsables del fraude de los vales estaba al parecer conectado familiarmente con el "número dos" del director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida. Como en Oviedo no le hicieron caso, López Rico trasladó su denuncia a Madrid. Se abrieron unas diligencias judiciales que se acabaron sobreseyendo. López Rico continuó con su guerra de escritos y llegó a insinuar prácticas poco decorosas de sus mandos.
La respuesta sería realmente dura. López Rico se vio involucrado en una investigación por prostitución que le valió ser suspendido de empleo durante un año e incluso ser detenido, en mayo de ese mismo año, por un supuesto falso testimonio, un arresto que practicó el propio Jambrina. Ni el fiscal ni el juez instructor encontraron razones para acusar a López Rico, y el Supremo terminó revocando la suspensión.
Luego llegaría la carta a Jambrina en la que López venía a decirle que no se había enterado de la venta de dinamita del 11-M porque estaba más ocupado tratando de encontrar pruebas contra él. Jambrina declararía en el juicio del 11-M que no había investigado la trama de la dinamita porque no le habían dejado.
El tribunal militar de La Coruña abrió unas diligencias por la carta y terminó interrogando en 2009 a Jambrina sobre las circunstancias de la detención. El entonces teniente coronel reconoció haber detenido a López "por orden del Juzgado de instrucción de Castropol", aunque quiso significar "que se trataba de una orden verbal".
El tribunal militar pidió en febrero de 2011 al magistrado José Manuel Raposo que corroborase esas afirmaciones. En una declaración ante el entonces presidente de la Audiencia, José Ignacio Álvarez, Raposo aseguró que no tenía recuerdo de los hechos, y que "nunca ordenó verbalmente la detención de persona alguna".
En la denuncia presentada por Virgilio López ante la Fiscalía, el pasado 28 de diciembre, se indica que hay una clara contradicción entre la declaración de Jambrina y la del juez, por lo que entiende "la existencia de un supuesto delito de falso testimonio (no prescrito), con la agravante de que su comisión ha contribuido a una sentencia condenatoria de 180 días de privación de libertad".
