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"Queremos hacer ruido y comprometer a los partidos", afirman los afectados

05.01.2016 | 02:13

La plantilla asturiana de la empresa pública Tragsa inició ayer, en su sede ovetense, un encierro indefinido para paralizar los despidos "cobardes" de 34 trabajadores. La dirección de la compañía, dedicada principalmente al sector medioambiental, no esperó a que terminase el año para poner en la calle a 560 empleados de toda España, tras recibir el aval del Tribunal Supremo. El Expediente de Regulación de Empleo, que afecta ahora a 1.336 personas, fue denunciado primero por los sindicatos y declarado nulo después por la Audiencia Nacional. En concreto, el ERE pone en peligro 47 puestos de trabajo en la región, aunque de momento son 34 los despedidos. "Nos han echado con alevosía. La jefatura está desaparecida, no dan la cara", denuncia el portavoz de los trabajadores, Tomás Fernández, quien advierte que el cese de una parte de la plantilla perjudicará de forma notable al saneamiento ganadero de la región y retrasará las obras de ampliación en el colegio público Carmen Ruiz- Tilve, en La Corredoria (Oviedo).

La campaña de saneamiento comenzó precisamente ayer en el oriente asturiano. Tragsa, que contaba en el Principado con 52 veterinarios, ha expulsado a un total de 18. Tragsa es un grupo de empresas públicas integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y realiza servicios de diferente tipo para las administraciones públicas, incluyendo el mantenimiento en áreas como medio ambiente, infraestructuras, edificación y arquitectura, agua, sanidad y salud, pesca, en los trabajos de ingeniería, consultoría y asistencias técnicas.Todos los veterinarios del Principado fueron subrogados en 2005 a Tragsatec -filial del grupo Tragsa- por parte de la consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Esto quiere decir que "la empresa está incumpliendo el acuerdo suscrito con la Administración regional y que por tanto los despidos son improcedentes", comenta un portavoz del comité.

En este sentido, la responsable de ganadería de Izquierda Unida, María José Miranda, exigió ayer que se respetase el pacto, tras mantener una reunión con los trabajadores rescindidos. Para Fernández, Tragsa está incumpliendo el pliego de condiciones que tiene con el Principado para la realización de la campaña de saneamiento. "Pedimos a la Consejera de Desarrollo Rural (María Jesús Álvarez) que tome cartas en el asunto: o bien que obligue a Tragsa a readmitir a los trabajadores o bien que cese el contrato con esta empresa y lo realice a través de la empresa pública Serpa".

Tanto los veterinarios como los jefes de obras, maquinistas, peones y demás profesionales afectados por el ERE, se enteraron de su nueva situación entre el 29 y el 30 de diciembre a través del ingreso en el banco del finiquito. "Todos los despidos son malos, pero éste es todavía peor. No hemos tenido ni la dignidad de estar delante de la personas que nos ha dejado en el paro", critica Tomás Fernández. Las primeras cartas de despido llegaron todavía ayer por burofax. "Nos han humillado, nos han machacado", agrega Fernández.

Aunque la dirección sólo ha comunicado el despido de 34 asturianos, los trabajadores cuentan con que en los próximos días se ejecuten más bajas. La empresa tiene hasta el 31 de enero para aplicar al cien por cien el ERE. "Lo que quieren es acabar con la compañía, eso está claro. Porque no es normal que después de 35 años de beneficios, intenten echar a 1.336 personas por un año de pérdidas. Creo que no nos lo merecemos y más que nos lo comuniquen de esa forma y en plenas vacaciones de Navidad", dice Tomás Fernández.

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