Si bien desde hace tiempo la Universidad de Oviedo prohibe el uso de dispositivos electrónicos en los exámenes, un grupo de alumnos se ha dirigido al Defensor Universitario para advertir acerca del uso de sistemas electrónicos para copiar en los exámenes. Los denunciantes hicieron llegar a este órgano consultivo la situación que se estaba produciendo en "algunas pruebas" de evaluación donde, según advertían, "casi la totalidad de los alumnos copian" e incluso, "les dejan llevar el móvil al examen".
Esta denuncia, recogida en la memoria de 2015 del Defensor Universitario que se dio a conocer durante la última reunión del claustro, el pasado 15 de diciembre, en la Facultad de Economía y Empresa, pone de relieve un cambio de tendencia en la institución académica. Hasta ahora eran los centros los que trataban de defenderse de las argucias que algunos universitarios empleaban para superar los exámenes, y ahora son los propios alumnos afectados, que consideran "una injusticia" lo que está sucediendo, quienes han hecho llegar a los responsables académicos la realidad a la que se exponen en algunos centros.
Preocupados por la mayor frecuencia de los casos de alumnos que hacen uso de sistemas electrónicos para copiar en los exámenes, en la Escuela Politécnica de Gijón llegaron a crear una comisión de seguridad en la evaluación a principios del curso 2013-14 para tratar de frenar el uso de "pinganillos" en los exámenes, dispositivos que permitían transmitir, mediante auriculares ocultos, las respuestas a las preguntas de un examen.
Ante la imposibilidad planteada desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para instalar inhibidores de frecuencia en los centros -pensados únicamente para aquellos espacios que entrañan algún problema para la seguridad nacional, como las sedes parlamentarias, ministeriales o militares- que impidieran la transmisión de mensajes multimedia entre móviles u otros de estos mecanismos durante los exámenes, práctica conocida como "telechuletas", en el campus gijonés decidieron crear un órgano para promover actuaciones preventivas en este sentido.
No obstante, ahora son los propios universitarios quienes denuncian prácticas supuestamente irregulares en las pruebas de evaluación por parte de otros compañeros de estudios. Se añade, además, que en el asunto "está implicada" una academia privada que habría colaborado para ayudar a los estudiantes infractores.
Antes habían sido los directores de centros quienes habían advertido de un negocio lucrativo por parte de centros de formación privados que, en algunos casos, llegaban a cobrar por enviar las soluciones a los estudiantes que acuden a ellos.
Ante esta situación, el Defensor Universitario deja en manos de las direcciones de centros cualquier medida en este sentido toda vez que son ellos los responsables de activar las medidas que consideren oportunas para encontrar solución a este problema.
