Las obras de mejora previstas por el Gobierno regional para el Instituto de Medicina Legal de La Corredoria, en Oviedo, están en el aire. La prórroga presupuestaria ha dejado sin respaldo una inversión de 200.000 euros, que estaba prevista para resolver de una vez por todas el problema de olores que sufría el edificio, y que había ocasionado las protestas de los trabajadores del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ubicado en el mismo edificio.
Aunque la situación de malos olores se atenuó gracias a una modificación en el sistema de retirada de los residuos biológicos, estaba prevista para 2016 una nueva inversión, de 200.000 euros, que pretendía resolver completamente cualquier problema de filtraciones, según informó el Gobierno regional por escrito al diputado de IU Gaspar Llamazares.
Según el Gobierno regional, el mantenimiento del edificio tiene un coste elevado, de unos 78.000 euros al año, y además se había reservado una partida de 200.000 euros para implantar un servicio de limpieza permanente de las salas de autopsias, incluidos los fines de semana, y otras mejoras. El servicio de retirada de biocontaminantes, que ha reducido el problema de olores, sí está en funcionamiento, "a plena satisfacción de los profesionales", según señala en el escrito el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.
El Instituto de Medicina Legal cuenta además a partir de este año con el sistema Lexnet, que le permite presentar y recibir todo tipo de comunicaciones, informes y citaciones de forma electrónica, lo que, según Martínez, "supone un avance enorme".
El edificio, ubicado en el barrio ovetense de La Corredoria, fue inaugurado en 2011, y su sistema de gestión de restos ocasionó protestas laborales, a causa de los malos olores.
