La Junta General no tramitará la proposición de ley anticorrupción presentada por Podemos después de que la Mesa de la Cámara asumiera hoy, en su primera reunión del actual periodo de sesiones, el informe de los servicios jurídicos que considera fundada la disconformidad del Gobierno con el texto.

Dicha disconformidad se basa en el hecho de que, tal y como recogen el Estatuto de Autonomía y la Constitución, los parlamentos no pueden tramitar iniciativas legislativas contra el criterio del Gobierno siempre que el Ejecutivo demuestre que su aprobación supondría un incremento de gasto del presupuesto en vigor.

En el documento en el que expresa su disconformidad, el Gobierno señala que, pese a compartir "en esencia" las motivaciones del texto, la iniciativa tiene una "dudosa" adecuación al sistema institucional diseñado en el Estatuto de Autonomía.

El Ejecutivo se refiere así al planteamiento de Podemos de adscribir a la Junta General una denominada Unidad Anticorrupción en la que se insertaría además una Oficina Virtual Anticorrupción destinada a recibir denuncias anónimas de empleados públicos para su posterior estudio por los inspectores adscritos a este órgano.

Dicho órgano, a juicio del Gobierno, colisionaría con la atribución de las funciones de investigación e inspección que la legislación vigente atribuye a la Fiscalía, a la Administración de Justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el ámbito presupuestario, el Gobierno cifra en 413.996 euros el coste que, con cargo al capítulo de gastos de personal, generaría la creación de la Unidad Anticorrupción, cifra a la que se añadirían los gastos corrientes que generara, y considera "inviable" la previsión y dotación de estos créditos en un ejercicio en el que se gestionará una prórroga.

Según el portavoz socialista, Fernando Lastra, el informe de los servicios jurídico asumido por la Mesa -de la que forman parte todos los grupos parlamentarios, aunque Foro sin derecho a voto- constata que la iniciativa de Podemos "es jurídicamente muy poco rigurosa y muy deficiente" que la hacen "insalvable".

"Podemos vuelve a mentir sobre sus pretensiones y mantiene una actitud falsa y tramposa en la que deforma la realidad e intenta hacer ver lo que no es al pretender que, cuando se habla de una cuestión sobre corrupción, cualquier propuesta tiene que ser valida y no es cierto", ha añadido Lastra.

Podemos había acusado al Gobierno regional de "obstruir" la tramitación de la proposición de ley anticorrupción presentada por la formación morada mediante la presentación del escrito de disconformidad con la iniciativa de la formación morada.

Así, la secretaria segunda de la Mesa y diputada de Podemos, Rosa Espiño, ha considerado que "en el momento procesal" que vive Asturias con casos de presunta corrupción como el Marea, el relativo a la ampliación de El Musel o el de Fernández Villa "de lo que ahora mismo no se quiere hablar es de anticorrupción y era lo que realmente han venido a tumbar en esta primera Mesa".

El Reglamento de la Junta contempla que las proposiciones de ley que registren los grupos sean remitidas al Consejo de Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos del presupuesto vigente.