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Renedo busca un acuerdo para aceptar su culpa y pagar las responsabilidades

La defensa de la exfuncionaria pide la suspensión del juicio del "caso Marea" hasta que el Tribunal de Cuentas cuantifique el daño económico

12.01.2016 | 04:06
Marta Renedo.

Intento in extremis de detener el inicio del juicio del "caso Marea". La defensa de la exjefe de sección de la administración regional Marta Renedo ha solicitado que se suspenda el proceso en tanto el Tribunal de Cuentas resuelve seis procedimientos que afectan a los contratos fraudulentos. La defensa estima que, dado que las acusaciones remiten la determinación de las responsabilidades civiles a la decisión que adopte el órgano fiscalizador, es lógico que se espere a esta resolución para proseguir con el juicio.

El letrado de Renedo, José Carlos García Hernando, indica además que están explorando la posibilidad de un acuerdo de conformidad con las acusaciones. Sostiene que la exfuncionaria "quiere hacer frente al pago de las responsabilidades civiles". Y añade que "para pagarlas, primero hay que cuantificarlas", motivo añadido para suspender el juicio.

Su satisfacción ("total o parcialmente") serviría además, razona el abogado, para intentar reparar el daño causado, y constituiría una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal. "Es imposible reparar algo que no se conoce", sentencia, y no tener cuantificado ese daño "provoca una evidente indefensión". El abogado remarca además que Cuentas tiene exclusividad en la competencia de establecer las responsabilidades civiles, y que ha sido la propia Fiscalía, apoyada por el Principado, la que ha solicitado al órgano fiscalizador que cuantifique el daño económico de los contratos fraudulentos. Advierte del "exceso de jurisdicción" en que el incurriría el juez penal si estableciese las responsabilidades civiles, lo que sería motivo de casación.

García Hernando llama además la atención sobre el hecho de que la responsabilidad civil que parcialmente se pide por las acusaciones no coincide con la que solicita el Tribunal de Cuentas, lo que produce una "situación confusa que dará lugar a responsabilidades civiles distintas por unos mismos hechos". Abogados de la causa, como Alberto Suárez, del Bloque por Asturias, consideran poco factible que el tribunal acceda a la suspensión del juicio.

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió procedimiento de reintegro por alcance por los 33 contratos de la Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística a Oxiplans, empresa vinculada a Renedo, y también por los de Implans Mounts, también vinculada a la funcionaria, y por el suscrito por la consejería de Educación en la época de José Luis Iglesias Riopedre con la empresa Nora (vinculada a Igrafo) para las obras de adaptación de la calefacción del instituto de Infiesto (Piloña).

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