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Todos los acusados del "caso Marea", salvo Riopedre, dispuestos a un acuerdo

El posible pacto, pendiente del visto bueno del Consejo de Gobierno, dejaría en prisión sólo a Marta Renedo por un máximo de entre 3 y 5 años

13.01.2016 | 04:03

Todos los acusados del "caso Marea", salvo el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, están dispuestos a reconocer sus culpas y pagar las indemnizaciones correspondientes, a cambio de una condena que les evite el ingreso en prisión. Las defensas de los implicados en este caso de corrupción en la administración del Principado sostienen que hay un pacto ya muy avanzado hace ocho meses que está pendiente únicamente del visto bueno del Consejo de Gobierno del Principado. El pacto permitiría evitar la prisión a todos los acusados, salvo Marta Renedo, que sería condenada a una pena de entre tres y cinco años. El resto, incluida la exdirectora general María Jesús Otero, endosaría penas de hasta dos años, lo que les permitiría evitar el ingreso en prisión, siempre que satisficiesen las correspondientes indemnizaciones.

El Gobierno del Principado tiene que dar el visto bueno a este acuerdo, que evitaría el juicio a todos los acusados, salvo Iglesias Riopedre, al tratarse de una administración personada en la causa como acusación particular. Todas la defensas estaban de acuerdo, a excepción de la del citado exconsejero. Sin embargo, Marta Renedo pidió la semana pasada a la sección tercera de la Audiencia que suspenda el señalamiento del juicio en tanto el Tribunal de Cuentas no establezca la cuantía de las responsabilidades. Para la defensa de Renedo, hay cierta discrepancia entre las cantidades establecidas por la Fiscalía y el resto de las acusaciones y las que maneja el tribunal de Cuentas, por lo que urge que éste finalice los procesos que tiene abiertos sobre los contratos fraudulentos.

Una de las acusaciones populares, la ejercida por AVALL, cuyos intereses defiende el letrado Esteban Aparicio, considera que no hay un interés en que ninguno de los acusados sea condenado a fuertes penas de cárcel, y que se sentirían satisfechos si se pagasen la mayor parte de las cantidades desviadas. Aparicio cree no obstante que resulta poco factible que puedan pactarse, para los principales acusados, penas inferiores a los tres años de prisión, una cifra que la Fiscalía puso como límite inferior hace unos meses. El límite superior serían unos cinco años, para Marta Renedo. Poner de acuerdo a las acusaciones populares no sería muy difícil. Otra cosa son las acusaciones particulares, especialmente la ejercida por una de las mujeres cuya identidad fue usurpada por Renedo para desviar los fondos. En este caso, concurren delitos como el de coacciones, puesto que Renedo llegó a entrevistarse con la víctima para pedirle que no denunciase.

Ante la perspectiva casi segura de ser condenados a penas graves, los acusados están dispuestos a reconocer sus culpas, todos salvo Iglesias Riopedre, que ya estuvo ingresado en prisión y que siempre ha negado cualquier intervención en los hechos, a pesar de las grabaciones que apuntan a todo lo contrario. Su baza sería la anulación de esas escuchas.

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