La Fiscalía del Principado solicita la condena de un empresario del transporte de Langreo, la hija de dos de los socios de la compañía y tres conductores acusados de estafar más de 11.000 euros al Consorcio de Transportes de Asturias.
La vista oral se celebrará mañana en el Juzgado de lo Penal de Langreo, a las 11:45 horas.
En el momento de los hechos, la empresa era concesionaria de un contrato de transporte público regular de viajeros en los concejos de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, de la que el acusado es el administrador único desde su constitución.
Como consecuencia de esta concesión, los usuarios pueden utilizar como medio de pago, entre otros, un abono CTA comercializado por el Consorcio de Transportes de Asturias que les permite realizar un número ilimitado de viajes con una tarifa plana durante un mes.
Los abonos son de carácter nominativo, constando identificado su titular por sus datos personales, su número de DNI y su fotografía.
El Consorcio de Transportes de Asturias, organismo publico del Principado, abona una determinada cantidad de dinero a las empresas de transporte por cada uno de los viajes realizados con este abono.
Así, la Fiscalía sostiene que la acusada hija de dos socios de la empresa, entregó su abono CTA a otro de los acusados, el cual junto con tres conductores de la compañía, validaron viajes entre el 22 de abril de 2010 y el 26 de abril de 2014, sin que efectivamente fueran realizados, con una cantidad presuntamente defraudada de 11.073,29 euros.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa y pide que se condene a cada uno de los acusados a 2 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y abono de las costas procesales.
Además, se solicita que se condene a la empresa al pago de una multa de 22.146,58 euros, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de incentivos y beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
El Ministerio Fiscal pide igualmente que los acusados indemnicen al Consorcio de Transportes, de forma conjunta y solidaria, con 11.073,29 euros, más los intereses legales.
