Los exalcaldes de Cudillero Francisco González y Gabriel López han comparecido esta mañana ante el Juzgado de lo penal número 1 de Avilés para responder por el expediente injusto que tramitaron al sargento de la Policía Local del concejo, Prudencio Iván Flórez. El juicio iba a celebrarse el pasado 29 de octubre, pero se pospuso porque no había sido convocado ningún representante del Ayuntamiento cudillerense. La Fiscalía solicita para ambos nueve años de inhabilitación. Por su parte, la acusación particular eleva esa petición a diez años, y reclama medio millón de euros.

A su llegada, el exalcalde de Cudillero, Francisco González, ha defendido su inocencia y ha querido remarcar que tiene "la conciencia muy tranquila". "Todo esto me parece desproporcionado, hace 14 años que me traen por los juzgados, necesitan a alguien para dar ejemplo, todo el mundo sale absuelto o prescribe o llegan a acuerdos y yo sigo así", señalaba a la entrada de los juzgados.

Por su parte, el sargento de la Policía Local del concejo, Prudencio Iván Flórez, ha relatado las consecuencias de lo ocurrido, "estos dos señores me destrozaron la vida a mí y a mi familia. A mi madre, mi mujer y mi hermana les insultaban por la calle en Cudillero", señaló.

Para las acusaciones, Francisco González, con el ánimo de perjudicar al sargento Flórez, dictó un decreto el 17 de septiembre de 2009 por el que ordenaba incoar expediente disciplinario contra el agente por presunto incumplimiento en su obligación de llevar el correo certificado del Ayuntamiento a la oficina de Correos. En el decreto se aducía que se había perdido una subvención de 99.000 euros por presentar la solicitud tarde, y se acordaba la suspensión del funcionario.

La Fiscalía mantiene que González conocía que la solicitud de subvención había sido presentada en plazo. González nombró instructor del expediente a Gabriel López -entonces concejal-, quien actuó siguiendo las instrucciones del regidor, "contrarias a derecho".

López adoptó decisiones que causaron indefensión al sargento, como impedir la presencia de letrado en su declaración, no darle posibilidad de intervenir en las testificales o denegar pruebas. López propuso la separación del servicio, ratificada por González. La resolución fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Oviedo, decisión que ratificó la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 2012.

González, que dijo el pasado 29 de octubre que se sentía "como el mocín de las hostias de esta región", aduce que solo actuó para depurar responsabilidades, y que se abrió expediente para dar garantías a Flórez. El agente fue denunciado por cohecho, por los cobros por vigilar los chiringuitos del puerto, pero fue absuelto y el jurado estableció que había sufrido una persecución orquestada por González.