El límite para esta práctica de tratamiento de residuos está claro: en 2020, dentro de tan solo cuatro años, el Principado tendrá que cumplir con la normativa europea, que pasa por desterrar los vertederos, dando un giro completo a la gestión de las basuras. El plazo, que parecía muy lejano, se va acercando, justo en un momento político en el que la solución alternativa, la construcción de una planta de incineración, ha quedado en suspenso por el devenir político. Y es que la solución de impulsar el reciclaje y "valorizar" el resto a través de su incineración no sólo ha sufrido avatares judiciales (como una reciente sentencia que obligó a volver a tramitar el plan), si no que ha entrado en la vorágine política, de forma que en la actualidad la aplastante mayoría de los partidos de la oposición en la Junta General del Principado rechazan la planta de incineración.