El Gobierno regional cuestiona el "cinismo extremo" de un PP "sucursalista"

El Gobierno regional ha cuestionado hoy la postura del PP ante el despido de 18 veterinarios como consecuencia del ERE en la empresa pública Tragsa

20.01.2016 | 14:25

El Gobierno regional ha cuestionado hoy el "cinismo extremo" del PP de Asturias al mantener una actitud "sucursalista" respecto al Ejecutivo central ante el despido de 18 veterinarios como consecuencia del ERE en la empresa pública Tragsa, que está dificultando la campaña de saneamiento ganadera.

En rueda de prensa, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, se ha referido así a la postura del PP ante esta situación al intentar trasladar el problema al Principado en lugar de reclamar una solución de los responsables de una compañía pública dependiente del Ejecutivo central.

"Se trata de una empresa pública estatal que depende del Gobierno central y el PP, que ha expresado su preocupación por los despedidos, debería exigir al Gobierno su readmisión", ha añadido antes de calificar de "tomadura de pelo" que los populares planteen en la Junta que los veterinarios despedidos sean contratados por la Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado (SERPA).

Dicha empresa, ha recordado, ha sido "siempre vilipendiada" por el PP que había pedido en reiteradas ocasiones su supresión al considerar que forma parte del "mastodóntico" sector público autonómico al que habitualmente aluden los populares.

Según Martínez, si el PP, en vez de dar "muestras de desesperación" y de hacer "seguidismo" del Gobierno central incluso en medidas que perjudican a Asturias, volcase sus esfuerzos por solucionar el problema "en su origen", la campaña de saneamiento ganadero prevista para 2016 podría desarrollarse con normalidad.

El Gobierno regional había emplazado ya a la empresa Tragsatec a cumplir con los compromisos adquiridos para llevar a cabo la campaña de saneamiento ganadero en Asturias a través de la encomienda de gestión que el Principado viene adjudicándole desde 2005.

Dicha encomienda exige el cumplimiento del calendario y la obligatoriedad de contar con los veterinarios de anteriores campañas para realizar estos trabajos, un colectivo que formó parte del acuerdo alcanzado en junio de 2005 para solucionar el conflicto laboral que protagonizaron y que culminó en una decisión unánime del Parlamento asturiano integrando entonces por PSOE, PP e IU.

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