La sección tercera de la Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de la defensa de la ex funcionaria Marta Renedo de suspender la vista oral por el 'caso Marea' hasta que el Tribunal de Cuentas determine la cuantía del quebranto causado a las arcas públicas del Principado.
A la petición de Renedo se adhirieron las defensas otros tres procesados -Víctor Manuel Muñiz (Igrafo), Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín) y la ex director general María Jesús Otero- mientras que se opusieron la Fiscalía y tres de las acusaciones particulares (Principado, Partido Progresista de Belmonte y Podemos).
Con esta decisión del tribunal se mantendrán las fechas previstas para la celebración de la vista oral que comenzará el 4 de abril y cuya conclusión se prevé para primeros de agosto tras la declaración de los quince procesados en la causa y de los testigos -unos 180-.
La primera sesión se celebrará entre el 4 y el 5 de abril para cuestiones previas y el 13 de abril se iniciarán los interrogatorios, con un ritmo de dos o tres sesiones por semana, que comenzarán por la toma de declaración a los quince acusados.
En el caso de que no haya un acuerdo previo entre fiscalía y procesados y haya que practicar todas las pruebas admitidas, el juicio acabaría a finales de julio y que entre el 1 y el 3 de agosto se llevaría a cabo la exposición de las conclusiones definitivas.
Tras la declaración de los procesados durante tres días consecutivos, el 18 de abril comenzará la toma de declaración a los testigos propuestos por las partes que han sido aceptados por la sala, un proceso que se prolongará a lo largo de veinte sesiones -a razón de nueve testimonios por día- hasta el 22 de junio.
Una semana después se practicará la prueba pericial y documental, que se prolongará a lo largo de ocho sesiones hasta el 25 de julio mientras que los días 27 del mismo y 1 y 3 de agosto se han reservado inicialmente para la presentación de los informes de conclusiones de las partes.
Al concluir la instrucción del sumario, la Fiscalía solicitó penas que suman 57 años de prisión y multas por más de cinco millones para siete de los imputados, entre los que se encuentran el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero y la funcionaria Marta Renedo.
Los otros cuatro imputados para los que la Fiscalía pedía penas de prisión son los gerentes de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz; Almacenes Pumarín, Alfonso Sánchez; Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio José Azorín, y ASAC Comunicaciones, Maximino Fernández.
La mayor petición de pena corresponde a María Jesús Otero, para la que el fiscal interesaba once años y medio de prisión y una multa de 2,5 millones de euros, mientras que Riopedre afronta una petición de diez años y medio de cárcel y multa de 400.000 euros.
Para la ex jefa de servicio Marta Renedo la Fiscalía pedía diez años de prisión y multa de 480.000 euros por un delito continuado de falsificación de documento oficial en concurso con otro de malversación de caudales públicos, y otro continuado de cohecho.
Los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín afrontan nueve años de prisión cada uno por los delitos de cohecho y falsificación como presuntos autores y de fraude, exacciones ilegales y malversación como cooperadores necesarios, así como multas de 1,5 y 1,9 millones de euros, respectivamente.
Por último, el fiscal interesa cuatro años de prisión para el gerente de ASAC Comunicaciones por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos como cooperador necesario y tres años para el de Nora Proyectos e Ingeniería por falsificación de documentos mercantiles, fraude y exacciones ilegales como cooperador necesario.
Además de las siete personas para las que el fiscal solicita condenas en el banquillo se sentarán también como acusados Paz Rodríguez Pendás (trabajadora del Ayuntamiento de Oviedo), Francisco Javier Juárez (funcionario del Ayuntamiento de Mieres), José Manuel Blanco (Funcionario de la Escuela de Ingeniería) y Braulio Iglesias (trabajador del Ayuntamiento de Avilés).
La relación de acusados se completa, en concepto de posible responsabilidad civil subsidiaria, con la administración del Principado de Asturias y Ernesto Iglesias, hijo del ex consejero.
