El último intento de Marta Renedo por retrasar el inicio del juicio del "caso Marea", aduciendo que el Tribunal de Cuentas debía establecer el daño económico, de cara a un posible acuerdo entre las partes, ha sido rechazado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que considera que la falta de concreción de esas cantidades no impide la celebración del plenario. De esta forma, se confirma que el inicio del juicio será el próximo 4 de abril, y se prolongará hasta finales de julio o principios de agosto, en cuyos primeros días se han reservado algunas sesiones.

De esta forma se confirma la impresión de algunos abogados de la acusación, quienes consideraban que el recurso de Renedo tenía nulas posibilidades de prosperar. Contra la suspensión alegaron ante el tribunal tanto el ministerio público como las acusaciones que ejercen el Principado, AVALL, el Partido Progresista de Belmonte y el Bloque por Asturies-Podemos, mientras que a favor tomaron posición las defensas de los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, así como la de la ex directora general María Jesús Otero.

La resolución señala que, "aparte de que las pretensiones civiles de las acusaciones comprenden más conceptos que los que pudieran haberse sometido a la jurisdicción contable", la ley del Tribunal de Cuentas "no establece efecto suspensivo alguno sobre la causa penal derivado de la pendencia ante dicho Tribunal de procesos seguidos por hechos que pudieran ser constitutivos de delito".

Añade que "si la procesada tuviera intención de reparar los perjuicios que hubiera podido causar con los hechos que se le imputan, constan detalladas en los respectivos escritos de calificación de las acusaciones las cantidades en que éstas cuantifican buena parte de tales perjuicios". Y es que, "a la postre, en nuestro proceso penal la determinación del perjuicio irrogado con los hechos objeto de acusación no es condición necesaria para que el juicio pueda celebrarse", resalta el auto.

Marta Renedo adujo en su recurso que llevaba varios meses negociando un acuerdo y que precisaba que el Tribunal de Cuentas estableciese el monto total de las cantidades desviadas. Otras defensas indicaron que había posibilidad de acuerdo, pero el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, cerró la puerta la semana pasada a cualquier acuerdo.