"Los efectos de los recortes se verán durante varios años", advierte la Asociación estatal de directores y gerentes en Servicios Sociales. Y es que desde 2011 este área ha sufrido un tijeretazo acumulada de 2.200 millones de euros por parte de la Administración central, de 5.000 por las comunidades autónomas, y 1.000 más de los ayuntamientos. En total, 8.200 millones en un lustro.

El índice DEC analiza a nivel estatal tres aspectos esenciales en el desarrollo del sistema de Servicios Sociales. Uno son los derechos y decisiones políticas que se adoptan en este ámbito, que pesa 1,5 puntos sobre un total de 10; otro es la relevancia económica, con hasta 3 puntos y, por último, la cobertura de servicios, con 5,5 sobre la nota global.

La comunidad con mejor calificación en Servicios Sociales es el País Vasco, con un 8,05 de nota. Le siguen Navarra (6,95) y Castilla y León (6,7). "Se da una enorme brecha entre territorios y hay que garantizar la igualdad de los ciudadanos, por lo que es necesario recuperar el gasto y acordar un Pacto de Estado en materia de Dependencia", aseguró el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.