Bruselas mantiene bajo sospecha los fondos europeos destinados en Asturias al cuidado de los montes, tras detectarse irregularidades en las subvenciones a empresas forestales. La Comisión Europea y el Principado mantienen aún abierta la liquidación de las ayudas de 2013. Numerosos particulares se enfrentan a sanciones y a la devolución de unos fondos que, según afirman, gestionaron empresas del sector maderero y que ahora se desentienden del problema. Algunos de estos casos ya han llegado a los tribunales o van camino de ellos, y la UE aguarda a que se resuelva el conflicto para evaluar cómo ha gestionado el Principado esas ayudas. Según la eurodiputada de IU Ángela Vallina, la situación puede dejar a Asturias sin futuras subvenciones comunitarias para el cuidado de los montes particulares, que resultan claves en la prevención de incendios.
Los servicios de control financiero de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas detectaron en 2013 irregularidades en un paquete de ayudas que convocó en 2011 el Gobierno de Areces (la Consejería de Medio Rural estaba en manos de IU) y que se adjudicaron en un primer momento por el Gobierno de Foro y posteriormente por el Ejecutivo socialista de Javier Fernández. A partir de ese momento, se inició un proceso de verificación durante el cual la Administración regional pidió a los beneficiarios de las ayudas la presentación de todas las facturas. Ese periodo acabó en algunos casos con multas a los titulares y, en consecuencia, con recursos judiciales. La primera evaluación cifraba las irregularidades en más de 3 millones de euros, aunque descendió a 800.000 euros.
En la convocatoria de 2013 se exigía por primera vez que los beneficiarios aportasen el 20% del coste del proyecto y que el 80% restante recibiese fondos europeos. Muchas asociaciones de vecinos concedieron un poder notarial a las empresas forestales que se encargaron de explotar sus montes, recibiendo directamente los pagos de la Unión Europea. El dinero que debía aportar el beneficiario nunca apareció, según indican los afectados. Aunque fueron las empresas las que recibieron los pagos, son los dueños los que figuran como titulares de la subvención y, por tanto, a quienes el Principado reclama el dinero.
El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ha señalado, en una respuesta parlamentaria a Ángela Vallina, que la comisión está "al corriente de los problemas que han surgido en Asturias" y que realiza "un seguimiento" de la situación. Por eso mantiene sin liquidar la justificación de las ayudas. "Ese dinero habrá que devolverlo, si no, Asturias no podrá volver a solicitar las ayudas", asegura Ángela Vallina.
La Consejería de Desarrollo Rural, que tramitó las subvenciones, cree, en cambio, que este procedimiento de inspección no afectará a futuras ayudas. "De hecho, estaban previstas en el proyecto de presupuestos para el nuevo plan de desarrollo rural", aseguran fuentes de la Consejería. "Se trata de un procedimiento complejo y en algunos casos ha habido desacuerdo entre los criterios de control financiero y los de la Consejería de Desarrollo Rural. Es algo que aún no está cerrado", insistieron las mismas fuentes.
