Agustín Iglesias Caunedo, Manuel Pecharromán, Joaquín Aréstegui y su esposa Carmen Vega afrontan su semana decisiva. El viernes acudirán al Juzgado número 1 de Lugo para declarar ante la gijonesa Pilar de Lara, la juez instructora del "caso Pokémon", que les imputa delitos continuados de cohecho y prevaricación (éste solo a Caunedo), así como tráfico de influencias y blanqueo de capitales, estos últimos en el caso del expresidente del PP de Avilés y su mujer.
Iglesias Caunedo negará cualquier relación entre los llamados "viajes de los putiferios", los que realizó en 2009 a Nueva York, Florida y Croacia junto Pecharromán, Cristina García Montes y Joaquín Fernández, el "abrelatas" de Aquagest, y que la juez sospecha que fueron pagados por esta empresa, y la decisión rubricada por el exalcalde de Oviedo, cuando era concejal de Economía, de devolver un aval por importe de 403.000 euros a Tribugest, del mismo grupo que la empresa del agua.
Caunedo, defendido por el letrado ovetense Pelayo Fernández Mijares, tiene recurrida ante instancia superior la decisión de la juez De Lara de llamarle a declarar en calidad de imputado. El exalcalde considera que ha dado suficientes explicaciones a la juez sobre la forma en que pagó los viajes, que según sostiene, fue en metálico, con un regalo de cumpleaños de sus tías y con dinero que tenía en casa, y que había sacado un año antes para unas compras que, finalmente, no hizo.
El pasado 3 de noviembre, y a requerimiento de la juez, Caunedo presentó las facturas de los gastos de los viajes, cargados a su tarjeta personal. Sostiene que tiene cargos en su cuenta bancaria por importe de unos 3.000 dólares y que se corresponden con el viaje a Nueva York. El portavoz popular en el Ayuntamiento de Oviedo, calificó de "insultante, intelectual y moralmente" que alguien pida su imputación en base a unos apuntes en el ordenador de Joaquín Fernández. Y asegura que la devolución de la fianza a Tribugest fue una decisión legal avalada por el interventor.
La declaración de Caunedo está prevista el viernes a las diez de la mañana. Han sido citados a la misma hora Manuel Pecharromán y el muñidor de Aquagest, Joaquín Fernández.
Ya por la tarde, a las cinco, están convocados Joaquín Aréstegui, su mujer y, por segunda vez en el mismo día, Joaquín Fernández, en cuyo ordenado se encontraron anotaciones por gastos de obras y entregas de dinero en metálico al entonces presidente del PP de Avilés por importe de 108.000 euros. En el ordenador, los agentes de Vigilancia Aduanera también encontraron una anotación, según la cual había reservados 360.000 euros para Aréstegui. Entre esos favores se encontrarían unas reformas en la vivienda de Aréstegui, el pago del alquiler de otra vivienda (con cargo a la empresa Construcciones Piedras Sirgas, relacionada con Aquagest) y todo tipo de pagos, como la batería del móvil de Carmen Vega.
La juez sospecha que Aréstegui y su mujer se beneficiaron de las cantidades supuestamente pagadas por Aquagest a cambio de que el dirigente popular allanase el camino para que la empresa se hiciese con la gestión del agua en Avilés. Aréstegui ha indicado que él no tenía capacidad alguna de contratación, y que fue un gobierno socialista el que firmó el convenio con Aquagest.
