El Gobierno autonómico tiene previsto destinar este año una partida de 1,2 millones de euros a ayudas económicas para erradicar la pobreza energética en la región, cantidad que triplica a la empleada en 2015. La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, firmó ayer mismo un convenio con la empresa EDP, cuyo objetivo es ayudar a las familias en difícil situación económica a pagar el suministro de gas o de luz, o a restablecer el servicio cuando ya se haya producido su suspensión.

El acuerdo fue suscrito por Javier Sáenz de Jubera, director general corporativo y comercial de EDP, empresa que copa el 90% de la demanda eléctrica en el Principado, en un acto al que también asistieron el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FAC) y alcalde socialista de Navia, Ignacio García, y el director general de Vivienda del Principado, Fermín Bravo.

La selección de los beneficiarios de las ayudas la realizarán los Servicios Sociales de los ayuntamientos. Una vez acordada la concesión, será el Principado quien se encargue de trasladar la información a EDP para que mantenga el servicio energético o para que, en el caso de que se haya suspendido previamente, se ponga en contacto con el distribuidor para proceder a su restitución. Según el acuerdo, la compañía mantendrá esta situación de garantía energética durante un plazo de tres meses contado a partir de la recepción del aviso de la Administración autonómica, que informará a los beneficiarios sobre las tarifas sociales ya existentes y las condiciones exigidas para ellas.

Por su lado, EDP se compromete a poner en marcha campañas de sensibilización y acciones formativas dirigidas a potenciar el ahorro energético en las localidades en que se detecte un mayor número de familias acogidas al convenio.

Pilar Varela valoró el acuerdo alcanzado con EDP y mostró la disposición del Principado para suscribir convenios con otras compañías del sector que operen en Asturias. Además de ratificar el "compromiso" del Ejecutivo de Javier Fernández en la lucha contra la pobreza energética, la Consejera indicó que, pese a las dificultades que impone la prorroga presupuestaria, habrá fondos suficientes para prestar ayudas durante nueve de los doce meses del año, con una partida de 1,2 millones que equivale a la incluida en el proyecto de cuentas autonómicas que no llegó a votarse en la Junta.