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El fiscal dice que el Ayuntamiento de Cudillero era un "cortijo"

El ministerio público acusa al exalcalde Francisco González de prevaricación El exregidor asegura que obró "de buena fe"

28.01.2016 | 02:02

Jesús Villanueva, jefe del destacamento fiscal de Avilés, acusó ayer a Francisco González, exalcalde de Cudillero, de actuar en el Consistorio como si fuera "su cortijo particular (...) con amparo o no de la legalidad". Fue incluso más allá y aseveró que "dentro del cortijo nadie se iba a atreve a poner oposición alguna".

Así resumió Villanueva sus conclusiones en el juicio celebrado ayer contra el exregidor por un presunto delito de prevaricación, al llegar a un acuerdo con un funcionario, ahora ya jubilado, para no abonarle una deuda pendiente de unos 120.000 euros a cambio de un permiso retribuido de casi un año, hasta llegar a la jubilación parcial por contrato relevo. Francisco González, Kiko, se defendió asegurando que los servicios técnicos y jurídicos no advirtieron de que se estuviera cometiendo ilegalidad alguna y que él obró "de buena fe" para no perjudicar a las arcas municipales.

El caso se remonta al año 2008, cuando Juan Luis Álvarez del Busto reclamó en el juzgado el abono de 90.900 euros que le debía el Ayuntamiento para compensar su labor como interventor frente al salario que cobraba como administrativo. A la cifra se le sumaban los intereses por los años acumulados y la cifra ascendía a unos 120.000 euros.

El Ayuntamiento, en la persona de su alcalde, le propuso un acuerdo para evitar el juicio. "Nos advirtieron que era lo mejor, porque no había dinero para pagarle". Así que a Busto se le propuso un permiso retribuido durante casi un año, mientras se tramitaba su jubilación parcial por contrato relevo. A cambio, él debía estar a disposición del ayuntamiento igual que si estuviera trabajando. Ambas partes cumplieron su compromiso, que era público y conocido, según coincidieron ayer en declarar todos los testigos, incluido el funcionario, Álvarez del Busto.

El fiscal solicitó nueve años de inhabilitación por "pagar el sueldo a un funcionario para que se quedara en casa", lo que en su opinión "es a todas luces inaceptable". E hizo referencia a un auto judicial en el que se afirma que la decisión fue un "ejercicio arbitrario del Alcalde carente de motivación con visos de legalidad alguno". La defensa, ejercida por César Collazos, aseguró que en el juzgado se dio entonces el visto bueno al acuerdo, "que evitó un grave quebranto económico al Ayuntamiento.

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