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El "conseguidor" solicita anular como prueba los apuntes de su ordenador

Jornada clave en la instrucción del sumario, con las declaraciones hoy de Caunedo, Pecharromán y Aréstegui

29.01.2016 | 14:50
El "conseguidor" solicita anular como prueba los apuntes de su ordenador

Oviedo, L. Á. V.

La defensa de Joaquín Fernández, exdirigente del PP asturiano, supuesto abrelatas de Aquagest para conseguir un trato de favor de las administraciones, ha solicitado la anulación de los archivos obtenidos de su ordenador durante el registro domiciliario que practicaron los agentes de Vigilancia Aduanera el 14 de febrero de 2013. Este registro fue efectuado en el marco de las investigaciones de la llamada "trama del agua", que presuntamente obsequió a políticos con viajes, dinero y regalos.

En ese disco duro están detallados no sólo los gastos de los desplazamientos realizados a Nueva York, Florida y Croacia en 2009 por el exalcalde de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo, su amiga Cristina García Montes y el exconcejal gijonés Manuel Pecharromán (los de los "putiferios", según definición del propio Joaquín Fernández en las anotaciones), sino también una serie de cantidades asociadas al expresidente del PP de Avilés y exdiputado regional Joaquín Aréstegui. Los apuntes dejan constancia de que Fernández tenía reservados para pagos al político avilesino cerca de 360.000 euros, de los que ya habría hecho efectivos 108.000 en forma de obras, alquileres y en metálico.

Los textos del ordenador son la piedra angular de esta parte de la investigación del "caso Pokémon", en el que está embarcada la juez gijonesa Pilar de Lara, que hoy, viernes, interrogará a todos los implicados, incluida la esposa de Aréstegui, la exconcejala del PP Carmen Vega.

El abogado de Joaquín Fernández duda sobre la cadena de custodia de los archivos. La defensa sostiene que se desconoce cómo llegaron esos datos al Juzgado, cómo se volcaron del ordenador a un disco duro y que no hay certeza de que no pudiesen haber sido modificados, motivo por el que no pueden ser aceptados en la investigación y deben ser anulados. Si la juez hace caso de esta petición, algo harto difícil, ya que suponen la base de las imputaciones sobre Caunedo, Pecharromán, Aréstegui y Vega, éstos quedaría exentos de cualquier sospecha y se archivaría la investigación. Fernández lo tendría más difícil, puesto que los indicios que apuntan a su participación en una trama de tráfico de influencias se han obtenido a través de conversaciones telefónicas grabadas.

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