El desarrollo de los pactos de concertación quedarán supeditados a los acuerdos que los partidos políticos puedan alcanzar o no en el Parlamento asturiano para aprobar su financiación. Y es que la prórroga presupuestaria para este ejercicio obligará a realizar modificaciones presupuestarias o incluso a solicitar créditos. Para los tres siguientes, el Gobierno socialista de Javier Fernández tendrá que negociar de nuevo los presupuestos teniendo en cuenta el reparto de escaños en la Junta General.
El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, presidió ayer la reunión en la que se constituyeron las mesas de trabajo para avanzar hacia el acuerdo, ante el que se mostró optimista y resaltó como novedades la colaboración público-privada, el enfoque integrado de las distintas medidas que se pacten y la búsqueda de elementos de gestión más sostenibles para la política de bienestar social.
Se constituyeron cuatro áreas de trabajo. Una es la de Impulso sectorial y competitividad, en las que se fijarán los sectores económicos con mayor potencial y para los que se crearán planes específicos. Por ejemplo, la industria, el turismo y el medio rural.
Otra mesa es la de Inserción laboral y mejora de empleabilidad, que abarcará desde los planes de empleo hasta la formación para la inserción y desarrollo en el mercado laboral y la salud en el trabajo. Una tercera es la de Desarrollo Territorial, que analizará las grandes infraestructuras y la articulación del territorio, abarcando desde el estado de las carreteras y el saneamiento hasta la conectividad, los transportes y las telecomunicaciones. Y por último está la mesa de Innovación y sostenibilidad social, en la que se analizará la Educación, Sanidad y Bienestar Social.
El Consejero admitió que no existe un presupuesto como tal para desarrollar los pactos que se alcancen, pero también indicó que la concertación es un pacto para cuatro años y que una vez que se establezcan las prioridades para impulsar la economía y crear empleo, "habrá margen para modificaciones presupuestarias y créditos" en este año.
En este sentido, el director general de la patronal FADE, Alberto González, señaló que "la prórroga no tendría que condicionar el apoyo a la concertación" y apuntó como novedoso "llevar la propuesta a la Junta y que los partidos políticos se posicionen".
El secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, indicó que "el Parlamento asturiano no puede estar ajeno a los problemas de la calle" y pidió que "se acabe con el postureo, una cierta forma de entender la política que no busca resolver los problemas de los ciudadanos". Su homólogo en CC OO, Antonio Pino, indicó que en la situación actual, y con los últimos datos de la EPA, "la concertación tiene más valor y lo principal es dar soluciones a las personas y a sus problemas".
