La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) reclamó ayer limitar en el tiempo la prestación del salario social, además de incrementar los controles para su concesión y ayudar a los beneficiarios a incorporarse al mundo laboral. Los empresarios aseguran que Asturias "no se puede permitir un gasto de más de 100 millones de euros al año" en unas prestaciones sociales, y abogaron por implementar medidas formativas y de búsqueda activa de empleo.

Las declaraciones de la patronal están en línea con las realizadas el pasado martes por el diputado regional del PP Matías Rodríguez Feito, quien aseguró que Asturias no se puede permitir destinar más de 101 millones al salario social y aseguró que es la muestra de "la gestión ineficiente" del Gobierno socialista en materia de políticas sociales. "Nadie va a ponerse a trabajar si se lo llevan gratis a casa", valoró el parlamentario popular, quien dejó entrever una intención del Ejecutivo regional del PSOE de "fidelizar el voto" de los miles de asturianos que reciben esa ayuda pública.

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, cargó ayer indignada contra el PP, al que acusó de elevar el número de familias desfavorecidas por su duros recortes económicos. Defendió una ayuda pública que "garantiza los derechos básicos de los asturianos" y aseguró que ya se ha iniciado el procedimiento para que quienes perciben esta renta mínima mensual de 442,9 euros tengan prioridad en los programas de inserción laboral, como los planes locales de empleo.

Alberto González, director general de la patronal asturiana explicó que en FADE "no nos oponemos a que existan medidas de prestación social". Pero dicho esto, "los beneficiarios deben tener un seguimiento concreto, hay que implicarlos en la formación y ayudarles para su inserción laboral. No puede ser que estén durante años y años cobrando esa ayuda, porque eso desincentiva la búsqueda de empleo".

La FADE nunca fue partidaria del salario social tal y como está concebido, sino que siempre se mostró más favorable "a otro tipo de medias que sirvan para atender las necesidades básicas y perentorias de las personas sin establecer un vínculo ilimitado y con un mínimo control", explicó Alberto González. Por ejemplo, los empresarios preferían haber implantado un sistema temporal y controlado de tickets de comida, de ropa o incluso que la propia Administración ayudase a las familias con problemas económicos en el abono de facturas como la luz.

La patronal asturiana se lamenta de que "no se sabe quién cobra el salario social, ni cuánto tiempo de media se cobra, ni si son las mismas personas en distintos momentos o mucho tiempo de manera continuada. Quizás hay personas que lo están cobrando indefinidamente y no lo sabemos pero impide que lo cobren otros".

La consejera de Servicios y Derechos Sociales destacó "el esfuerzo que se está realizando para atender a las personas que solicitan el salario social como último recurso para atender dos derechos fundamentales que recoge nuestra legislación: el de tener una prestación económica mínima que cubra las necesidades básicas, y el de participar en un proceso de inserción. Y ambos son los que se están cumpliendo".

Pilar Varela defendió el trabajo de control y seguimiento que realizan los servicios sociales municipales, "que son esenciales para atender la demanda y realizar el seguimiento" de las prestaciones que se conceden. También indicó que existen programas de empleo vinculados al Salario Social y que en el año 2014 -último ejercicio cerrado- participaron en ellos un total de 9.243 asturianos. "No digo que no se pueda mejorar la eficacia. Siempre se puede, pero el PP se ha quitado la careta y una vez más ha hecho un ejercicio de cinismo enorme".