La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha defendido a capa y espada esta semana el salario social como un derecho básico para asegurar que los asturianos en riesgo de pobreza reciben unos ingresos mínimos. Pero también admitió que hay que mejorar la gestión y la eficiencia, especialmente en la vinculación entre la recepción de la ayuda y la empleabilidad de los beneficiarios. De ahí que esté buscando fórmulas de mejora en otras comunidades autónomas y el primer ejemplo a analizar es el País Vasco, que lidera la cobertura a familias que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, atendiendo al 62,6% del total.
Asturias ocupa el primer puesto de las regiones de régimen común, con un 22,6%. Su calificación en los estudios independientes es de "excelente", y por eso también es ejemplo para otras comunidades, como Aragón y Castilla y León.
El Principado está convencido de que la única manera de reducir el número de beneficiarios del salario social y su cuantía (se calcula que más de 101 millones de euros en 2015), es incorporando a sus perceptores al mundo laboral.
Hay grandes diferencias entre el modelo vasco y el asturiano. La primera, la cuantía económica, que en Euskadi se acerca a los 490 millones de euros al año, con ayudas de algo más de 600 euros al mes. Pero hay otras igual de importantes.
Por ejemplo, en el País Vasco el salario social está directamente vinculado a la formación y al empleo. De hecho, se gestiona desde ése ámbito. Una persona que cobra esta ayuda y encuentra trabajo, no la pierde totalmente como en Asturias, sino que se le recalcula en función del salario que vaya a cobrar y pasa a ser un complemento.
Más. En Asturias hay que tener como mínimo 25 años para solicitar el salario social, en el País Vasco ya se puede hacer con 23. Como lo tienen todo informatizado y calculado, se sabe que con esta medida en Euskadi han conseguido que más jóvenes con dificultades económicas continúen estudiando al recibir esta ayuda básica, y también que se independicen antes.
El Principado ya ha empezado a dar los primeros pasos para vincular el salario social y el empleo. Así, sus perceptores tienen prioridad en los planes locales de empleo, y también en las políticas activas de empleo.
