La sabida del 1% del sueldo a los funcionarios y empleados públicos del Principado y la financiación del salario social se perfilan como dos de las principales bazas del Gobierno regional en la negociación de los créditos extraordinarios necesarios para afrontar la prórroga presupuestaria. La obtención de recursos para aminorar los efectos de la ausencia de un nuevo presupuesto es la primera asignatura a la que debe hacer frente el Ejecutivo de Javier Fernández en el período de sesiones de la Junta General del Principado que arranca esta semana tras el parón al que obliga el Estatuto regional.

El parlamento asturiano retoma su actividad en un ambiente tan poco proclive al consenso como con el que cerró el año, cuando incluso se produjeron escenas de tensión entre diputados de los distintos grupos políticos. Esa situación no representa el mejor de los marcos para que la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, empiece a buscar los apoyos suficientes para sacar adelante los créditos extraordinarios que por importe máximo de algo más de 500 millones de euros necesita el Principado para el ejercicio 2016.

La consejería de Hacienda lleva semanas trabajando en el "plan B" que le facilite la financiación negada en el debate presupuestario en primera instancia. De momento, el departamento de Carcedo ha reconocido que tanto la subida salarial del 1% a los empleados públicos como la corrección del error de salto en el impuesto de sucesiones requieren de la aprobación de una ley que, por lo tanto, ha de pasar por el filtro de un nuevo debate en la Junta.

La subida a los más de 35.000 funcionarios y empleados de la administración regional para este ejercicio tiene un coste estimado en algo más de 15,1 millones de euros, que actualmente no cuentan con soporte en el presupuesto prorrogado de 2015. Dado que ningún partido pondría reparos a esta medida, no sería de extrañar que la consejería de Hacienda incluyese esa partida en uno de los créditos extraordinarios. Algo parecido ocurriría con el salario social, un capítulo que parte con 83 millones en la prórroga y que podría necesitar 18 adicionales en el caso de que la cuantía total sea similar a la de 2015.