El Principado quiere poner orden en las más de 10.000 viviendas públicas que existen en la región para conocer exactamente su ubicación y estado, con el fin de coordinar mejor su uso. En los dos últimos años la Consejería de Servicios y Derechos Sociales tramitó junto con varios ayuntamientos la ocupación de unos 400 pisos para familias que se vieron en situaciones de emergencia y urgencia. La mayoría del parque inmobiliario público está ocupado en régimen de alquiler. Además, más de 5.500 familias reciben ayudas para pagar la renta o la hipoteca de su domicilio y evitar el desahucio.

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales constituyó ayer el consejo asesor de Bienestar Social, en el que participan el Principado, los ayuntamientos, empresarios, sindicatos, la Universidad de Oviedo, los partidos políticos y organizaciones de iniciativa social de distinto perfil.

Una de las líneas de actuación que se impulsarán es el Programa de Garantía Habitacional, integrado por 22 medidas y con un presupuesto de 23,4 millones de euros. En él se incluye la elaboración un mapa de vivienda pública en Asturias, que incluirá la totalidad del parque inmobiliario, es decir, las que son del Principado, de Vipasa y de los ayuntamientos. Se sabrá así cuántas corresponden a cada administración, su ubicación, su estado, las que están ocupadas y desocupadas y, en caso de que necesiten reparación, a cuánto ascendería el coste. "Tenemos que dedicar recursos al mantenimiento de ese parque de viviendas para poder atender las demandas de los ciudadanos", afirmó la Consejera, Pilar Varela. También afirmó que se van a modificar los procedimientos de emergencia y urgencia, aunque no explicó en qué van a consistir los cambios.

Pero además, el Principado quiere firmar un protocolo con el Tribunal Superior de Justicia de Asturias para que los juzgados alerten de los desahucios, de tal manera que los Servicios Sociales puedan buscar soluciones. Para eso, la Consejería quiere agrupar y coordinar todos los recursos económicos de ayuda social que permitan evitar la pérdida de la vivienda. Y si finalmente se produce, tener opciones alternativas de alojamiento y ayuda social.