La Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado ha aprobado hoy una iniciativa de IU, respaldada por PSOE y Podemos, que insta al Gobierno central a impulsar la legislación relacionada con el suicidio asistido y la eutanasia a fin de despenalizar el tipo recogido en el 143 del Código Penal.

La propuesta, a la que se han opuesto PP y Foro y ha contado con la abstención de Ciudadanos, recuerda que la ley castiga con carácter general la conducta de auxiliar a otro a quitarse la vida con sanciones que oscilan entre los seis meses y los dos años (suicidio) o entre un año y seis meses y seis años (eutanasia).

Según la diputada de IU Marta Pulgar, la proposición no de ley aprobada hoy pretende abrir un debate sobre la dignidad de la propia vida "que la sociedad española ya ha superado" dado que etimológicamente la palabra eutanasia significa buena muerte y ha recordado que esta práctica, ya regulada en países como Holanda, Bélgica o Luxemburgo, se da en España "de forma clandestina".

Por el contrario, Carlos Suárez, del PP, ha advertido de que la propuesta supone que el Estado "se lava las manos y autoriza en determinadas condiciones el homicidio" y le obliga a definir "qué vidas no merecen ser vividas" pese a que, a su juicio, "tan digna es la muerte del que quiere morir por no soportar los sufrimientos que padece como la del que quiere continuar con su vida".

Para la parlamentaria del PSOE Carmen Eva Pérez, pese a admitir que no existe "un consenso unánime", es necesaria una deliberación "sosegada" sobre este asunto que genere "una entente cordial" a la vez que ha recordado que tampoco la ley del divorcio ni la del matrimonio homosexual provocasen la "debacle" anunciada por el PP.

Dicho consenso sí existe a nivel social y científico, según el representante de Podemos Andrés Fernández Vilanova, que ha admitido que el debate responde a la existencia de "dos cosmovisiones" diferentes sobre la vida y que ambas deberían tener encaje jurídico y evitar así que se imponga "la postura autoritaria y represora de libertades que retrata a la derecha".

Para la portavoz de Foro, Cristina Coto, esta iniciativa "va más allá de la capacidad" de la Junta General y del Gobierno autonómico" por lo que debería ser abordada en el Congreso mientras que Armando Fernández, de Ciudadanos, ha recordado que Asturias tiene regulado el testamento vital desde 2008 y que no existe consenso tras subrayar que "no es lo mismo dejar morir que hacer morir".