El PP quiere revisar la lista de beneficiarios del salario social y subir en casi 90 euros al mes la cuantía mínima. Esta es la propuesta con la que los populares pretenden en el pleno de mañana dar la vuelta a la polémica de la pasada semana, cuando su diputado Matías Rodríguez Feito, denunció que Asturias no se podía permitir "el constante aumento" de una factura de más de 101 millones anuales porque "mengua los recursos para otras necesidades".
Los populares llevan al Pleno una moción que propone una subida de la cuantía mínima del salario social, que actualmente es de 443 euros, a 532,5 euros cantidad que se corresponde con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). "El salario social no puede ser una limosna. Al que realmente la necesita, debemos darle la mayor ayuda posible", afirmó Rodríguez Feito, quien añadió que "el PP nunca ha puesto en duda la continuidad del salario social, aunque sí hemos hecho un análisis crítico de la gestión socialista del mismo". Feito propone también realizar una revisión de la lista de beneficiarios de esa renta básica. "Hace falta una gestión eficaz. Debemos tener recursos suficientes para permitirnos ese incremento", aseguró ayer Feito.
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, confirmó que su departamento no tiene entre sus planes la elevación del módulo básico del Salario Social después de dejar a la vista su perplejidad por "las contradicciones del mensaje" del PP en este ámbito. "Me llama la atención", dijo Varela, que la propuesta la firmen "la misma persona y el mismo grupo que ha planteado que las personas que perciben el salario social no trabajan porque les traen el dinero a casa, que quienes han hecho una crítica feroz a la prestación pidan que se incremente cuando antes nos habían dicho que era imposible de sostener". La titular del departamento aseguró que la propuesta "no aporta nada nuevo" y pasó a desgranar sus líneas de trabajo respecto a la prestación ignorando el "brindis al sol de un partido sin responsabilidades de gobierno".
Lo urgente, tal y como lo enuncia Varela, es, entre otras cuestiones, "intensificar nuestra coordinación con el sistema de protección de empleo para ver cómo somos capaces de hacer posible la inserción laboral, otro de los derechos de los perceptores del salario social".
Reserva de contratos
El Consejo de Gobierno, mientras tanto, autorizó ayer una reserva del ocho por ciento de los contratos públicos en determinadas áreas de actividad para personas en situación de exclusión social, particularmente con discapacidad, a través de Centros Especiales de Empleo o empresas de inserción. Los segmentos de empleo objeto de reserva, elegidos en función de la presencia de este tipo de trabajadores, son, entre otros muchos, los de la conservación de zonas verdes, mensajería, digitalización y catalogación documental, limpieza u hostelería. Varela cifró el volumen de los contratos reservados en "no menos de tres millones de euros".
