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LUIS BABIANO | Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aopas)

"El marco legislativo español favorece la especulación y la corrupción con el agua"

"El problema no se debe identificar con un partido u otro, es estructural, una burbuja con el mismo origen que la del suelo"

Luis Babiano. NACHO OREJAS

Sostiene Luis Babiano, antropólogo devenido en gerente de Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, que privatizar el agua es justo lo que parece, una paradoja en la que "un derecho humano esencial se gestiona en régimen de oligopolio sin auténtica competencia". En esta España donde empresas mixtas o privadas abastecen al 55 por ciento de la población, Babiano ha visto hincharse una "burbuja hídrica" con mecanismos de funcionamiento asimilables a los que rigieron la inmobiliaria y una legislación laxa y permisiva que ha espolvoreado los nombres de unas cuantas empresas de agua por los sumarios de los grandes casos de corrupción, entre ellos la ramificación asturiana de "Pokémon". Su idea sobre la urgencia de redactar leyes de control, a la francesa, se escuchó ayer en una mesa redonda en Oviedo.

-¿Por qué se ha ensuciado tanto el agua?

-Es muy básico. El agua es un negocio seguro, un monopolio natural en el que el ciudadano no puede elegir la compañía que quiere que le dé agua, sino que está cautivo del operador que gestiona el servicio. No es un problema exclusivamente español, también se ha dado en Francia, pero en España con una paradoja. El agua se privatizó no por eficiencia o por eficacia, sino porque hacía falta dinero. Y como ese dinero, el del canon concesional, se podía gastar en cosas que nada tenían que ver con el agua, los operadores privados actuaban como financieros y ofrecían sus servicios al alcalde de turno sabiendo que cuanto menos control hubiera en el pleno mejor sería el negocio? Dos compañías concentran el 87 por ciento del negocio y al final se configura una práctica puramente especulativa. Es una burbuja y una puerta abierta a la corrupción.

-¿Qué hizo Francia?

-En lugar de una pelea entre conservadores y progresistas, planteó una ley. Una ley de transparencia y anticorrupción que prohibió los cánones concesionales que no fueran finalistas para evitar que con el dinero de privatizar el agua a 25 años el alcalde de turno se dedicase a hacer rotondas o a colocar gente a través de la empresa privada? Hizo una ley e instituyó un mecanismo de control, un organismo regulador. Aquí, mientras tanto, el agua sigue siendo una vía de financiación, una burbuja con el mismo origen que la del suelo. Los ayuntamientos venden su patrimonio y también a sus ciudadanos, a los que hacen rehenes y clientes de una multinacional a cambio de un dinero que no destina a hacer viviendas públicas o a pagar deuda. También aquí, como en la construcción, se ha creado un espacio de convivencia muy amplio entre promotores y políticos.

-Con efectos peligrosos.

-En Pokémon se ven con claridad. La gran ventaja es el canon concesional, pero hay otras: en Santiago, por ejemplo, se utiliza a la empresa privada para aumentar la clientela política, eso es lo que hay que regularizar. Nos perderemos si nos limitamos a verlo como un problema de un partido u otro. Se trata de pasar de una economía especulativa y costosa a una economía real en pro del desarrollo de los ciudadanos.

-Y su forma de decir basta es?

-Este problema no se debe identificar con un partido, es estructural, la consecuencia de un marco legislativo que favorece la privatización, la especulación y la corrupción. Yo enfocaría la solución hacia el aspecto legislativo, y Asturias ha conocido uno de los dos ejemplos que se han dado en España en este sentido, una proposición no de ley aprobada en la Junta a iniciativa de Podemos que se suma a un proyecto de ley en Andalucía. Ahí se plantea la adhesión del Principado al Pacto Social del Agua y se insta al Gobierno a establecer un modelo público transparente con un mecanismo de rendición de cuentas y un órgano supervisor.

-¿No sólo remunicipalizar, también privatizar con garantías?

-Las dos cosas. Yo abogo por la gestión pública al cien por cien, pero no por cualquiera. Por una eficaz, eficiente económicamente, solidaria y transparente. En Asturias hay un ejemplo en Gijón, con una empresa que ofrece un precio adecuado y un nivel tecnológico que estimula al empresariado local mediante las licitaciones públicas. Pero desde el momento en que ambos modelos conviven, lo deseable sería contar con una supervisión, una regulación, no con esta laxitud en cuanto al control del operador privado. Porque ahora un municipio privatiza el agua a 25 años, el adjudicatario sube las tarifas y el Ayuntamiento carece de capacidad de control sobre el servicio que se está prestando. Es injustificable.

-¿La trama asturiana es un caso canónico?

-No la conozco al detalle, sé que han imputado al exalcalde de Oviedo. Pero cuando la privatización se asocia a mecanismos de corrupción y a constantes subidas de las tarifas, cuando eso se repite en casi 30 municipios de Asturias y Galicia ya no se puede hablar de una manzana podrida, sino de un sistema que no ha hecho nada a favor del ciudadano.

-Se investigan viajes y supuestas dádivas a políticos a cambio de favores. ¿Un ejemplo práctico?

-No es sólo eso. El problema de la posibilidad de contratar bajo el derecho privado también facilita que se pueda incorporar gente sin convocatoria pública, lo cual favorece poco al cliente y mucho el clientelismo político. Lo que sí parece claro, a vista de pájaro, es que si esto se repite siempre con las mismas empresas y dentro de un sector significa que está mal regulado.

-No se aprecia demasiada voluntad de avanzar hacia esas soluciones legislativas.

-Se han empezado a dar pasos, muy tímidos, con la proposición de Asturias y la ley de Andalucía, donde ya aparece el regulador, el "observatorio del agua", y se establece que el canon concesional es ilegal. Pero la presión pública sobre estas cuestiones aún es débil. Las sociedades cambian cuando cambia el marco cultural, no sólo el institucional. Y si en la agenda política y social aparecieran el agua y la garantía del suministro público como prioridades sociales y de gobierno, le aseguro que sería muy fácil avanzar hacia este tipo de normativas. Pero el debate sobre el agua y la corrupción parece más una guerra entre partidos que un intento de profundizar en sus causas reales.

-¿Ya vamos con retraso?

-Épaña va muy lenta en comparación con otros países. Este asunto empieza a aparecer en los programas políticos, pero en el nivel de la praxis y de la regulación está lejísimos. En el Congreso no se ha debatido este tema y yo creo que es prioritario.

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