Falta mes y medio para el inicio del juicio del "caso Marea" de corrupción en la Administración del Principado y los acusados ya han presentado sus escritos de defensa. Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, aduce en el suyo que las prácticas que le imputan como delictivas, en el fondo eran "una práctica habitual en la operativa de contratación de la Administración", que "consiste en el agotamiento de remanentes de tesorería mediante la petición de facturas por los conceptos que les vienen dados a los proveedores habituales, con el fin de agotar disponibilidades presupuestarias, y así no sufrir recortes en las consignaciones para ejercicio siguiente".
Según su versión, la Administración consumiría "los saldos a su favor generados por dichas facturas mediante la petición de bienes que en muchos casos nada tienen que ver con los facturados". A ello se une, continúa el escrito, "la práctica habitual de hacer cambios en los bienes o en las especificaciones una vez hecho el pedido o incluso una vez hecha la compra, más un sinfín de incidencias, sin que en ningún caso se produzca detrimento para el erario público".
Muñiz añade en su defensa que, al tratarse de concursos de adopción de tipo, la Administración podía contratar a la empresa que considerase oportuno, estando entre las homologadas, como era el caso de Igrafo o otra de las empresas implicadas, Almacenes Pumarín (APSA), que además tenían en su catálogo el 80 por ciento de los productos para equipamiento de centros educativos. En el caso de Igrafo, continúa el escrito, concurría otra razón de peso: "Para poder trabajar con la Administración era y sigue siendo necesario disponer de una capacidad que permita soportar los habituales retrasos en los pagos, de una o varias anualidades. Refiriéndonos a Igrafo, estamos hablando de un capital disponible en pólizas de crédito de más de seis millones de euros, que sirvieron, ni más ni menos, que para financiar a la Administración a costa del riesgo empresarial".
El escrito niega haber recibido cantidad alguna por el equipamiento del centro de Belén de la Montaña (Valdés), del que consta un contrato por el que se sirvieron unas 200 papeleras y otros elementos por casi 200.000 euros. "La factura emitida obedece a parte del material homologado servido y a obras realizadas en la Biblioteca del Fontán, por encargo de la Consejería de Cultura. Dicha factura se emite conforme a las indicaciones de la Consejería, que en definitiva lo que hizo fue ordenar la ejecución de los trabajos por razones electorales y sin disponer de la correspondiente reserva de crédito". Niega además los regalos a los implicados, como Marta Renedo.
Muñiz plantea hasta doce motivos de nulidad, varios de ellos referidos a las escuchas telefónicas que terminaron inculpando al empresario y otros referidos a su pretensión de que se desdoblase la causa, rechazada por el Supremo. También incide en las dilaciones indebidas del caso, que comenzó a instruirse a principios de 2010, y en la prescripción.
Otro acusado que ha presentado su defensa es Antonio José Azorín, de Nora, quien niega un concierto entre Igrafo, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre y la exdirectora general María Jesús Otero para que se adjudicasen a la empresa distintas obras de evaluación e instalación de sistemas de geotermia. Sobre el proyecto del instituto de Infiesto, indica que ya se lo había encargado en su día la empresa constructora, Procoin, aunque ésta finalmente dejó de estar interesada y se lo terminó contratando la propia Consejería de Educación, dada la premura con la que debían realizarse las obras. Los trabajos se realizaron y están funcionamiento. Y niega que favoreciese a la empresa Geogal, del hijo del exconsejero.
