El Parlamento asturiano aprobó ayer la moción de IU contra el ERE de la empresa pública Tragsa, que afecta a 34 trabajadores de la región. El documento exige al Principado que se dirija al Gobierno central para evitar "cualquier reducción de personal en Asturias". Además piden la recolocación, en el plazo de diez días, de los 18 veterinarios que trabajan para la filial Tragsatec en el desarrollo de la campaña de saneamiento ganadero.
La vicepresidenta primera de la Junta General y diputada de IU María José Miranda mostró ayer su satisfacción por el acuerdo que demuestra "el rechazo total y absoluto" a los despidos del grupo Tragsa. En este sentido la parlamentaria espera que el Gobierno autonómico "coja el guante y actúe en consecuencia pidiendo una solución para los 18 despedidos de Tragsatec, que los vincula a un acuerdo de huelga de 2005". Miranda recuerda que "ese acuerdo fue respaldado por el total de la Cámara del Principado y también por el Gobierno".
