El PP desvela informes que apuntan a irregularidades en la empresa pública GITPA

Los documentos obran ya en poder de la Fiscalía, que investiga la construcción de la red troncal occidental que supuso una inversión de 8,7 millones

16.02.2016 | 14:28
El PP desvela informes que apuntan a irregularidades en la empresa pública GITPA

¡ El diputado del PP José Agustín Cuervas Mons ha desvelado hoy informes realizados por funcionarios del Principado que apuntan a la existencia de irregularidades en la gestión de la empresa pública Gitpa (Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones), que ya está siendo investigada por la Fiscalía.

Gitpa, cuya liquidación está prevista desde 2013, se encargó desde 2006 de la puesta en marcha de la red Asturcón para la prestación de servicios de internet, televisión por cable y telefonía en toda Asturias y, según dichos documentos, pudo facturar al Principado por encima del coste de las obras ejecutadas.

Dichos documentos obran ya en poder de la Fiscalía, que investiga la construcción de la red troncal occidental que supuso una inversión de 8,7 millones y entre las anomalías detectadas figuran cuestiones relativas a la propiedad final de la infraestructura o la firma de un contrato de asistencia técnica con una empresa que, un día después de suscribirlos, ya había certificado la obra.

Según el parlamentario popular, pese a haber solicitado información del Gobierno en reiteradas ocasiones y haber planteado varias quejas, el Ejecutivo "ocultó información" al menos desde noviembre de 2014 y no se la remitió hasta hace escasos días.

Cuervas-Mons ha incidido en que si el Gobierno trasladó su denuncia a la Fiscalía fue "porque no le quedó más remedio" tras haberlo retrasado "todo lo posible" sometiendo el proceso a un cruce de informes entre la Dirección General de Telecomunicaciones, que apuntaban a dichas irregularidades, y los elaborados por Gitpa.

Los hechos se remontan a la etapa en que al frente de la empresa pública figuraba Juan Manuel Rodríguez, destituido en 2012, y, según había afirmado el Gobierno, las irregularidades se detectaron cuando se acometió el inventario previo a la disolución de la sociedad pública prevista en la Ley de Reestructuración del Sector Público.

Rodríguez, sustituido en 2012 al frente de la sociedad por su actual gerente Eduardo González, fue investigado también por haber realizado contrataciones para Gitpa con empresas vinculadas a su hijo y, según ha asegurado hoy Cuervas-Mons, ambos trabajaron para la compañía Aggaros, a la que se le adjudicó la asistencia técnica y la dirección de obra en el cableado de la comarca occidental.

En dicho proyecto los informes conocidos ahora constatan que dicha empresa ya actuaba antes de la fecha en que se le adjudicó el contrato y que, un día después de suscribirlo, firmó certificaciones de 31.000 metros de zanja y de 920 horas de servicio de seguridad, comprobaciones que habría tenido que realizar en sólo 24 horas.

Además, en el caso de esta obra, y según reflejan los informes, Gitpa facturó a la administración autonómica 7,1 millones por la red de fibra del occidente, una cantidad que excede en un millón de euros el presupuesto vinculante de la encomienda del Principado.

Los documentos apuntan también a la presentación de dos conjuntos de certificaciones para las mismas facturas "con datos totalmente discordantes" y advierten de que, dado el "altísimo" porcentaje del la obra en el que se producen estas incongruencias, su objeto sería agotar el presupuesto disponible para la obra.

Los informes de los funcionarios, que apuntan también a las dificultades para inventariar los terminales ópticos adquiridos o la compra de 286 kilómetros de tubo "innecesarios", hacen referencia además a los proyectos ejecutados en las comarcas central y oriental donde Gitpa habría facturado "al menos el doble de lo debido" al Principado, que lo habría abonado sin recibir el proyecto.

Gitpa era una de las empresas a liquidar en el proceso de reordenación del sector público diseñado por el Ejecutivo regional en la pasada legislatura si bien se paralizó después de que la Ley de Telecomunicaciones fijase que este tipo de servicios no se lleven a cabo por la propia administración con lo que su disolución podría encarecer el servicio si adjudica su gestión a un tercero.

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