La Fiscalía Superior aprecia indicios de malversación, falsedad documental y prevaricación en las obras que el Principado encargó a la empresa pública Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones (GITPA) para llevar el cable a las zonas occidental y centro de Asturias que estaban sin cobertura, una inversión que rondaba los 9 millones de euros. La instrucción sobre la supuesta " trama del cable" está en manos del Juzgado número 4 de Oviedo, que deberá decidir si el caso llega a juicio o si, por el contrario, se archiva. La Fiscalía ha denunciado al anterior director general y al actual de la empresa pública y a otras dos empresas que participaron en el proyecto para extender la red Asturcón.
La Fiscalía abrió diligencias en diciembre de 2014 después de que la consejería de Economía le comunicara la existencia de irregularidades en el contrato del cableado de la troncal occidental (Soto del Barco-Vegadeo), que fueron advertidas en un informe realizado por funcionarios autonómicos, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el 18 de enero de 2015. La investigación fiscal, que requirió una prórroga de seis meses, se ha prolongado un año, y ha desembocado en la citada denuncia, según confirmó a este periódico la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, que ha advertido la existencia de indicios de delitos de malversación y falsedad documental al "facturarse mayor cantidad de obra de la realmente ejecutada" mediante la alteración o elaboración de certificaciones de obra. También ha detectado indicios de prevaricación "al alterarse sustancialmente el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, vulnerando el contenido de la encomienda de gestión al introducir la limitación de 15 años de duración de uso de la infraestructura construida".
La denuncia de la Fiscalía es contra el anterior director general del GITPA, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos (destituido por el gobierno de Foro en 2012) y contra el actual, Eduardo González (contratado desde esa fecha) y también contra la empresa Comfica, adjudicataria de la obra de la troncal occidental, y contra Aggaros Serveis, que había sido contratada por el GITPA para la supervisión y ejecución del proyecto. La instrucción judicial iniciada ahora por el Juzgado de Oviedo puede añadir algún investigado más o, al contrario, retirar alguna de esas cuatro denuncias.
El diputado José Agustín Cuervas-Mons, del PP, reveló ayer parte del contenido de los informes de los funcionarios de la dirección de Telecomunicaciones del Principado que alertaron de las anomalías que dieron lugar a la actuación de la Fiscalía, una documentación a la que aseguró haber tenido acceso ahora pese a que la había solicitado reiteradamente durante más de un año.
El PP revela informes
Uno de esos informes, de junio de 2014, acredita un sobrecoste de casi un millón de euros entre la cantidad presupuestada por la troncal occidental y el importe facturado por el GITPA al Principado. Otro informe de los mismos funcionarios, fechado en junio de 2015 es contundente: "De lo anteriormente expuesto parece deducirse que GITPA habría facturado al Principado en concepto de proyecto al menos el doble de lo debido y que por su parte el Principado habría realizado el abono sin tan siquiera recibir el proyecto objeto de la factura". Los funcionarios de Telecomunicaciones califican las irregularidades de "graves" y aconsejan medidas "al objeto de valorar la posible existencia, por acción u omisión, de responsabilidades administrativas, contables o penales en la ejecución de la encomienda".
Cuervas-Mons, a la vista de esos documentos, afirmó que al Gobierno regional "no le quedó más remedio" que denunciar el caso, y pidió explicaciones a Javier Fernández porque, en su opinión, se ocultó el contenido de los informes por la cercanía de las elecciones. La consejería de Empleo respondió ayer que "el PP conoce estos hechos gracias a la propia denuncia realizada por el Gobierno", que está personado en la causa que instruye el Juzgado 4 de Oviedo.
