El Gobierno regional ha defendido hoy su actuación ante las posibles irregularidades en la empresa pública Gitpa tras haberlas denunciado ante la Fiscalía en 2014 y ha subrayado que las actuaciones sobre las que se ha abierto una investigación en un juzgado corresponden al periodo 2009-2012.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, ha subrayado que las supuestas actuaciones irregulares no están vinculadas a los gabinetes presididos por Javier Fernández, que ni siquiera nombró al actual gerente de la empresa, Eduardo González, al que mantuvo el cargo tras ser designado en la etapa de Foro al frente del Principado.

Su antecesor, ha recordado Martínez, fue cesado a principios de 2012 y, en el caso de González, ha apuntado que se le aplicará el mismo criterio que viene aplicando el Gobierno y la FSA-PSOE al resto de altos cargos de forma que se le exigirá su dimisión en caso de que el juez decrete la apertura de juicio oral contra él.

Además, ha incidido en que el Principado ha encargado ya una auditoría interna sobre el posible quebranto causado a las arcas autonómicas aunque no se puede realizar todavía una estimación que deberá fijarse del proceso judicial abierto por esta causa.

El Ejecutivo, ha indicado el consejero de Presidencia, es el primer interesado en que se depuren todas las responsabilidades en este caso a la vez que ha atribuido el "escándalo" que el PP intenta crear "a partir de información facilitada por el propio Gobierno" a la "desesperación" de dicha formación política.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de no hacer juicios paralelos, pero ha advertido de que las críticas del PP serían "más creíbles" si se dedicase a descubrir otros casos de corrupción y alzase la voz "sobre las sospechas de lo que sucede en su propia casa tanto en Oviedo, como en Asturias o en España".

"La desesperación no puede llevar al PP a buscar fuera lo que tiene en su propio partido", ha subrayado Martínez tras considerar "un sinsentido" la petición de los populares de que se revisen "una a una" todas la facturas de Gitpa dado que, ha subrayado, en este asunto "el Gobierno no va por detrás".

Tras la denuncia presentada por el Gobierno, la Fiscalía abrió diligencias de investigación en las que ha apreciado indicios de malversación, falsedad documental y prevaricación en la actuación del actual gerente de Gitpa y de su antecesor en el cargo.

Gitpa se encargó desde 2006 de la puesta en marcha de la red Asturcón para la prestación de servicios de internet, televisión por cable y telefonía en toda Asturias y, según dichos documentos, pudo facturar al Principado por encima del coste de las obras ejecutadas.

Entre las anomalías detectadas figuran cuestiones relativas a la propiedad final de la infraestructura o la firma de un contrato de asistencia técnica con una empresa que, un día después de suscribirlos, ya había certificado la obra.

Los informes apuntan también a la presentación de certificaciones para las mismas facturas con datos discordantes y advierten de que, dado el altísimo porcentaje del la obra con estas incongruencias, su objeto sería agotar el presupuesto disponible para la obra e inciden en las dificultades para inventariar los terminales ópticos adquiridos y en la compra de 286 kilómetros de tubo "innecesarios".