Facturas que no se corresponden con la obra encargada, cánones a pagar en un plazo de 15 años sin que el Principado haya dado su visto bueno, imposibilidad de realizar un inventario del material adquirido con fondos públicos, certificaciones firmadas por una empresa días antes de ser la adjudicataria de la supervisión técnica de la obra? Este cúmulo de anomalías advertidas por dos funcionarios de la dirección de Telecomunicaciones del Principado en un proyecto encargado a la empresa pública GITPA en 2009 y ejecutado en 2010 ha acabado en manos del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, que seis años después de realizadas las obra ha abierto diligencias. La juez deberá determinar ahora si hay base en la denuncia formulada por la Fiscalía Superior del Principado (tras presentar el gobierno regional ante este órgano los informes de sus funcionarios) contra el anterior y el actual director general de esa empresa del Principado y contra dos firmas que participaron en las obras para llevar el cable al Occidente de Asturias, un proyecto de más de 9 millones de euros.
¿Qué es el GITPA? El Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado es una empresa autonómica constituida en 2006, durante el mandato de Vicente Álvarez Areces, y que tenía como misión extender el cable por todas las zonas de Asturias a donde no llegaban los operadores privados, la denominada red Asturcón. Esta sociedad ha tenido dos directores generales, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, destituido en enero de 2012 por el Gobierno de Foro, y Eduardo González, que está al enfrente de la sociedad desde entonces. En la época de Areces el GITPA y Telecomunicaciones dependían de la consejería de Administraciones Públicas y Modernización, que dirigía Ana Rosa Migoya, pero con Francisco Álvarez-Cascos pasó a la consejería de Economía e Industria.
El comunicado anónimo. Tras la operación Marea, el mayor caso de corrupción en la administración del Principado empezaron a aflorar denuncias sobre contrataciones irregulares que tenían epicentro en la administración regional. Una de ellas, presentada ante la Policía de Gijón, acusaba al primer director general del GITPA de adjudicar contratos a su hijo. El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons presentó una pregunta sobre esta cuestión en la Junta al consejero de Economía, por entonces Graciano Torre. La consejería de Economía denunció a Rodríguez Bañuelos en 2013 pero el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo acordó el archivo de las actuaciones porque el director general del GITPA no era funcionario, sino que tenía "un mero contrato de alta dirección" y por tanto no podía incurrir en el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
Sociedad en liquidación. El Gobierno de Javier Fernández incluye a la empresa GITPA dentro de la primera ley del sector público con la intención de proceder a su extinción, y dar así cumplimiento a las medidas de ajuste exigidas por Mariano Rajoy a las autonomías. En una reunión en el Principado entre los responsables de la empresa pública del cable y los funcionarios de Telecomunicaciones, el segundo director general del GITPA, Eduardo González, advierte de "importantes dificultades" para proceder a la liquidación de la sociedad.
Un canon que nunca fue autorizado por el Principado. El primer gran problema para finiquitar el GITPA es que la red de cable Troncal Occidental discurre por terrenos de Feve y está sujeta a un canon de 1.740.000 euros, una cantidad que fue abonada por adelantado y que al cabo de 15 años debe volver a ser objeto de negociación con la empresa ferroviaria. En la encomienda que el Principado realizó al GITPA nada se decía de canon alguno. "No consta la existencia de instrumento jurídico refrendado por el Principado de Asturias que regule la cuantía del canon, la duración del mismo y su pago adelantado por 15 años", sostienen los técnicos de Telecomunicaciones en sus informes.
Una factura que pagó la empresa adjudicataria de las obras. Feve recibió los 1,7 millones de la empresa adjudicataria de las obras, Comfica, aunque los técnicos de Telecomunicaciones sostienen en sus informes que "no consta referencia alguna a pagos en concepto de derechos de paso en las facturas entra Comfica y GITPA o entre GITPA y el Principado".
Kilómetros facturados de más. Los funcionarios de Telecomunicaciones señalan en sus informes una desviación de 100.5 kilómetros sobre la extensión de la red prevista inicialmente. "Los diferentes documentos que aporta GITPA a esta Administración muestran datos discordantes", advierte la jefa del servicio de Telecomunicaciones. Los representantes del GITPA alegan en una reunión de trabajo en octubre de 2014 que esos kilómetros facturados en exceso "responden a la exigencia planteada por Feve de rehacer la totalidad del proyecto de tendido por su dominio para subsanar deficiencias". Los funcionarios de Telecomunicaciones alertan de que los responsables de la empresa pública "paradójicamente, tratan de justificar el traslado del sobrecoste al Principado al tiempo que aducen que GITPA no accedió a abono alguno a Comfica por tratarse de la mera subsanación de errores".
La mayor parte de las facturas de la obra, sin conformar por el Principado. De las 20 facturas del expediente de este proyecto, que suman 10,5 millones de euros, sólo 6 "están conformadas con sello por el jefe del servicio de Telecomunicaciones". El resto fueron pagadas sin ese visto bueno.
Irregularidades en los procedimientos de contratación. La empresa pública GITPA contrató para la asistencia técnica y dirección de obra de la Troncal del Occidente a la sociedad Aggaros Serveis el 8 de marzo de 2010 pero los técnicos del Principado advierten de una certificación de obras por importe de 424.895 euros firmada el 26 de febrero de 2010 "con anterioridad a que hubiese sido adjudicado el contrato". También señalan que otra certificación, en este caso de 897.230 euros, fue firmada por la misma sociedad "apenas un día después" del contrato. "La, a lo sumo, única jornada de trabajo amparada por contrato se antoja insuficiente para llevar a cabo la comprobación de la construcción de 31.323 metros de infraestructura u otras tareas", refleja el informe del servicio de Telecomunicaciones.
"Doble contabilidad" del GITPA. Los técnicos de Telecomunicaciones detectan desde su primer informe, en junio de 2014, "importantes discrepancias" en la facturación de la obra Troncal del Occidente. "GITPA ha aportado dos conjuntos de certificaciones para las mismas facturas", constatan los funcionarios. "Resulta anómala la mera existencia de una doble contabilidad (?) A pesar de que sólo existan 49 céntimos de diferencia entre ambos conjuntos de certificaciones, en la comparación entre unidades de obra se detectan variaciones de que suman más de 2 millones, de euros, un 38% del total", destaca el servicio de Telecomunicaciones.
Una auditoria que tardó año y medio. La jefa del servicio de Telecomunicaciones del Principado, Ángeles Cigarría, plantea desde su primer informe, en junio de 2014, el inicio de "acciones complementarias para comprobar el alcance real de la obra ejecutada" e insta a la Consejería de Economía, con Graciano Torre al frente, "a adoptar las medidas oportunas" ante la posible existencia de "responsabilidades administrativas, contables o penales" en la ejecución de la encomienda. Casi un año después, en abril de 2015, la misma funcionaria vuelve a advertir que esa comprobación de campo no se ha realizado, una situación en la que insiste en un escrito a la Fiscalía Superior, fechado en julio de 2015. El consejero portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha confirmado esta semana la contratación de una auditoría sobre la obra objeto de investigación.
Riesgo de anomalías en otros proyectos. Un informe fechado en junio de 2015 por el ingeniero de Telecomunicación del Principado Héctor García sobre otras obras, en este caso las troncales central y oriental, deduce que "GITPA habría facturado al Principado en concepto de proyecto al menos el doble de lo debido y que por su parte el Principado habría realizado el abono sin tan siquiera recibir el proyecto objeto de la factura". GITPA gestionó entre 2006 y 2016 obras por un importe global en torno a los 60 millones de euros. El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons ha venido sosteniendo en distintas comparecencias ante la Junta General del Principado que este caso, por su importe, "es peor, más grave que el caso Marea" .
Guerra de informes entre los funcionarios y la empresa pública. La lectura de los informes cruzados entre el GITPA y los funcionarios del servicio de Telecomunicaciones pone de manifiesto la existencia de visiones diametralmente opuestas sobre la comprobación de las obras. La dirección del GITPA llega a sostener que es tal la "confusión" en el análisis que realizan los funcionarios del Principado que "desacredita" sus conclusiones. La jefa del servicio de Telecomunicaciones y el ingeniero de Telecomunicaciones firman un informe en agosto de 2014 en el que concluyen que "no se estima pertinente otorgar un nuevo trámite de alegaciones a los responsables del GITPA (director general y gerentes).
La situación actual. La empresa pública GITPA sigue abierta con la finalidad de gestionar la red del cable. El Gobierno argumenta que una nueva legislación básica del Estado establece que esa tarea no debe ser asumida de manera directa por el Principado. El Gobierno de Javier Fernández llevó los informes de sus funcionarios a la Fiscalía, que decidió abrir diligencias en diciembre de 2014. Un año después ha remitido al juzgado número 4 una denuncia contra el anterior director general y contra el actual así como a las empresa Comfica y Aggaros Serveis por los delitos de malversación, falsificación documental y prevaricación. Al frente del GITPA continua Eduardo González, el director gerente nombrado por el Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos. Se trata del único cargo nombrado en la etapa de gobierno de Foro que sigue en su puesto. El Gobierno regional ha afirmado que aplicará la misma fórmula de exigencia de responsabilidades que es norma en la Federación Socialista Asturiana y, desde la llegada de Javier Fernández al gobierno, en el Principado: procederá a la destitución del director general del GITPA si la juez instructora le abre juicio oral. Queda desenredar la madeja del cable.
