La "tasa rosa" no es un impuesto. Oficialmente no. No tiene base imponible ni tipo de gravamen estable. Sería más bien un tributo oculto y descontrolado, uno que grava a la mujer por serlo y eleva el precio de algunos productos dirigidos específicamente al público femenino si se los compara con sus equivalentes similares para hombres. Su impacto ha sido estudiado con rigor pocas veces y casi siempre fuera de España, pero tiene unas cuantas décadas de antigüedad. Sería la brecha de género en el precio de un corte de pelo, los euros de más o de menos de unas cuchillas de afeitar del mismo fabricante, un juguete de niño más barato que el mismo para niñas o una diferencia de importe entre productos en los que no hay más que una desemejanza de colores...

Con el propósito de poner colorados a los que aplican la "tasa rosa", si es que aquí existieran, el grupo parlamentario de Podemos ha registrado en la Junta General del Principado una proposición no de ley que trata de traer el problema a Asturias. Tratará de instar al Gobierno a evaluar la extensión de esta práctica comercial en la región y a articular un plan para "visibilizar" y premiar a los establecimientos que no incurran en ella.

La propuesta, defendida por la diputada Lucía Montejo, nace de una constatación que aún no cuenta con datos explícitos y estudios rigurosos de impacto en España, pero que ha sido analizada desde hace décadas en otros países. En 1995, la Universidad de California llegó a calcular en 1.351 dólares, algo más de 1.200 euros, la cantidad anual que las mujeres pagaban de más en productos cotidianos. Más cerca en el tiempo y en el espacio, el colectivo feminista francés "Georgette Sand" elaboró en 2014 su propio recuento de precios en grandes superficies, obtuvo varios miles de firmas en una campaña de respaldo online y envió sus resultados al Ministerio de Economía, que encargó un informe pendiente de divulgar las conclusiones. Precisamente porque "aquí no existen datos oficiales es eso lo que pedimos", afirma Lucía Montejo, que asienta la trascendencia del asunto en la convicción de que la práctica "no sólo es injusta y grave, afecta a derechos fundamentales de las mujeres como la igualdad y la dignidad y a los de los consumidores". Añade la "desventaja económica" femenina y la brecha salarial que "nos hace cobrar un 27 por ciento menos" y desemboca en la iniciativa de Podemos. Reclama un informe sobre la "existencia, alcance e incidencia" de la llamada "tasa rosa" y, en función de sus resultados, "una campaña de visibilización" mediante señales identificativas en las entradas de los establecimientos que no la apliquen, y un sistema de primas para quienes vendan artículos obviando este "gravamen oculto".

"Sólo hace falta mirar alrededor ver lo que cuesta un corte de pelo masculino y femenino", afirma Montejo, que no excluye que "lo tengamos tan normalizado que ya ni siquiera lo percibimos". Los ejemplos de los estudios ya publicados al respecto ponen los acentos del caso concreto sobre los "artículos de higiene, cuidado corporal y servicios estéticos", pero no sólo. También hay ropa y en Francia "Georgette Sand" menciona dos calculadoras infantiles iguales, una rosa y otra azul, con nueve céntimos de diferencia...

Las versiones que restan valor discriminatorio a las diferencias en las listas de precios aducen que detrás hay más razones de marketing que de género, que hay más público femenino que masculino dispuesto a consumir determinados productos y que eso, por la ley elemental de la oferta y la demanda, lleva a cobrar más a quien muestra más interés en comprar. "Pero habría que preguntarse por qué las mujeres consumimos más productos estéticos", apunta Lucía Montejo. "Porque estamos socializadas para ello, sólo hay que ver la publicidad, porque los hombres no reciben la misma presión social para su cuidado estético. Las cuestiones de género son transversales y estructurales".