El Gobierno regional rechazó la oferta de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), para utilizar en su política social contra los desahucios, porque entre las condiciones que se imponía al Principado estaba que al menos la mitad de los inmuebles cedidos podrían estar ya ocupados de manera ilegal. Un problema que tendría que arreglar el Principado. Y no sólo eso. Otra de las cláusulas era que Asturias tenía que reparar esas viviendas para luego devolverlas a la Sareb. El director general de Vivienda, Fermín Bravo, aclaró estas condiciones al plantear la diputada de Podemos Rosa Espiño la posibilidad de acuerdos como en Madrid y Barcelona, "que aún son peores", dijo Bravo.
