Un medicamento para la hepatitis C que en Estados Unidos cuesta 60.000 dólares, en España tiene un precio de 25.000 euros, en Egipto de 900 euros y en la India es prácticamente gratuito. Este fue el argumento esgrimido ayer por el consejero de Sanidad del Principado, Francisco del Busto, para acusar a la industria farmacéutica de fijar precios "desorbitados" y, de este modo, poner en riesgo "la sostenibilidad del sistema sanitario y del país".

El titular de Sanidad se expresó en estos términos en el marco de una comparecencia ante la comisión de sanidad de la Junta General del Principado, en la que hubo de explicar las actividades de la Comisión para el Uso Racional del Medicamento y Productos sanitarios (CURMP). Se trata del órgano autonómico que decide si un nuevo tratamiento es o no incorporado al catálogo de prestaciones de la sanidad pública asturiana.

Habitualmente prudente en sus declaraciones, Del Busto se manifestó en esta ocasión de forma muy incisiva: "Cada día salen nuevos fármacos, cada día más caros, cada día se retiran fármacos que, entre muchas comillas, han acabado su vida útil porque sale otro nuevo, mucho más caro, y cuya composición e indicación son prácticamente las mismas".

El Consejero prosiguió su exposición aludiendo a los dispares precios de los nuevos tratamientos de la hepatitis C en función de las áreas geográficas. "Evidentemente, la industria pone unos precios desorbitados. No es el fármaco en sí el que vale ese dinero, sino que es el precio de mercado", señaló. Y apostilló: "Complicaciones va a haberlas aquí y en todo el mundo. Por suerte, están saliendo nuevos fármacos para mil enfermedades que antes no se trataban, que suponían ser desahuciado. Pero esto lleva a una curva ascendente que es difícil que no afecte a todo el sistema sanitario y a la sostenibilidad del país".

Desde la oposición, el PP, solicitante de la comparecencia, aseguró que la Consejería de Sanidad emplea la CURMP como "una oficina fiscalizadora, con criterio economicista, para aplicar recortes sanitarios", en palabras del diputado Carlos Suárez.

De otro lado, la Consejería de Sanidad ha creado la comisión para el seguimiento y control de las listas de espera. La puesta en marcha de este órgano había sido reclamada por el Pleno de la Junta, por iniciativa de IU. Sanidad hizo ayer públicos los datos de lista de espera correspondientes al 31 de enero. Lo más llamativo, con respecto a finales del pasado diciembre, es la reducción de más de 2.000 pacientes en la lista de pruebas diagnósticas y de casi 1.000 en las de primeras consultas. En total, 18.656 asturianos aguardan una operación; 37.414, una prueba; y 71.918 una primera consulta.