La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, está citada mañana a declarar como testigo en el juzgado número uno de Lugo dentro de la investigación abierta por el 'caso Pokémon' en el que figuran como investigados, entre otros dirigentes populares, el ex alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo.

La titular del juzgado acordó la citación de Fernández atendiendo a la petición realizada por el sindicato Manos Limpias, personado en la causa, y fundamentó su decisión en la necesidad de "aclarar extremos relacionados con la investigación".

Entre ellos la juez aludía a la documentación hallada en los registros practicados al el ex vicesecretario de Comunicación del PP de Asturias, Joaquín Fernández, considerado como el conseguidor de los contratos en la trama del agua, y algunas conversaciones telefónicas incluidas en el sumario donde Fernández fue mencionada.

La jueza también desea aclarar la relación, directa o indirecta, que haya podido tener con Aquagest o con otras empresas del Grupo Agbar y con otras sociedades relacionadas con Joaquín Fernández.

La instructora justificó la necesidad de que acudiese al juzgado "no solo porque su declaración se prevea más o menos larga y compleja, lo que obliga a rechazar la vía del exhorto, sino también por la necesidad de exhibir a la testigo determinados documentos y en su caso, reproducirle determinadas conversaciones, lo que obliga a rechazar la vía de la videoconferencia".

Tras conocer su citación a declarar, la presidenta del PP asturiano aseguró que colaborará con la justicia como ha hecho "en el último año y medio" y advirtió de que en este proceso pidió dimisiones "que no se han producido", en alusión a Caunedo, después de que sí renunciase al cargo el presidente del PP avilesino Joaquín Aréstegui, también investigado en la causa junto a su esposa.

Por su parte, el sindicato Manos Limpias ha señalado que preguntarán a Fernández sobre este proceso "donde incluso ha tenido o tiene aún en la actualidad a familiares trabajando en la empresa que ha privatizado el agua de muchos ayuntamientos asturianos".

El pasado 29 de enero declaró el ex alcalde de Oviedo, que defendió su inocencia ante la jueza que le imputa los delitos de cohecho continuado y prevaricación en relación al pago de los viajes que realizó junto a otros investigados y por la devolución de un aval de 840.000 euros a Aquagest-Tribugest en su etapa como alcalde.

Caunedo aseguró no recordar muchos detalles sobre el aval aunque sí defendió que la decisión de devolver los fondos pese a que no se había cumplido el contrato la respaldaba un informe técnico.

La instructora citó a declarar a Iglesias Caunedo tras requerirle previamente la documentación acreditativa del abono de los viajes efectuados en 2009, en compañía de Joaquín Fernández y Manuel Pecharromán -también imputados-, a Florida, Nueva York y Croacia, de los que sospecha que pudieron ser pagados por Aquagest.

Según la versión de Caunedo, se trataba de viajes de amigos que Fernández organizaba y pagaba por adelantado y que posteriormente le abonó en metálico con fondos procedentes de un regalo de cumpleaños que le hicieron sus tías y con dinero que sacó del banco un año antes para unas compras que finalmente no hizo.

Tras la declaración del actual portavoz municipal del PP en Oviedo la jueza dictó un auto en el que rechazaba el recurso planteado por su defensa al considerar que ya existían indicios relevantes en el momento de la imputación y que se han ido corroborando después a media que iba avanzando la investigación.

Según la titular del juzgado lucense, Caunedo no ha acreditado que el dinero retirado de una cuenta de su tías haya ido a parar a manos del investigado ni a sufragar esos viajes a la vez que ha advertido de que "una cosa es la presunción de inocencia" y otra que sus afirmaciones "gocen de presunción de veracidad".

El auto señala además que "llama la atención" que Iglesias Caunedo "contando con unos ingresos más que considerables, dado su cargo en el Ayuntamiento" pagase los viajes "con dinero de terceros, en un caso de sus tías, pensionistas, y en otro de su madre".

Además, el sindicato Manos Limpias, mediante un comunicado ha solicitado del juzgado que impute también en la causa a la actual presidenta del PP de Avilés, Carmen Maniega, debido a su "relación estrecha" con el resto de investigados y a haber sido grabada "de manera continua" durante el proceso de investigación.