El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue si hay estafa

"Existe un engaño de la Administración, que pide cantidades estrambóticas y presuntamente ilegales", dice el colectivo

26.02.2016 | 02:06

La polémica sobre las deudas en los geriátricos del Principado llega a los tribunales de justicia. La asociación El Defensor del Paciente remitió ayer mismo un escrito a la fiscal jefe del Principado de Asturias, Esther Fernández, en el que le advierte de una supuesta "estafa" del Gobierno regional a los usuarios de las residencias y a sus familiares. Según el colectivo que preside Carmen Flores, existe un "engaño" de la Administración hacia este colectivo, al que "se pone en una situación de indefensión", al solicitarle unas cantidades que califica de "estrambóticas" y de "presuntamente ilegales". Es más, la asociación alerta de que las familias afectadas "pueden quedar en la indigencia".

Según los datos que maneja Flores, hay unas cuatro mil familias a las que se están reclamando liquidaciones por muchos miles de euros. "En algunos casos se piden hasta 100.000 euros", afirma la presidente de El Defensor del Paciente. A su juicio, "es muy humillante que una persona tenga casi que pedir limosna para tener el derecho fundamental a la salud".

Desde el ámbito político, Podemos ya ha anunciado que el próximo 4 de marzo presentará en la Junta General del Principado una moción en la que se pide la paralización de todas las reclamaciones a las familias, hasta que se lleve a cabo una auditoría externa de las liquidaciones en la totalidad de los expedientes. Lo mismo en los pendientes que en los ejecutados, así como en aquellos que hayan sido considerados prescritos.

"La consejera decía que las personas tenían toda la información en sus contratos, pero esto recuerda a las Preferentes: quienes firmaban esos contratos no eran familiares de Rato, eran personas mayores y, en muchos casos, con una importante merma de su capacidad", asegura la diputada morada Rosa Espiño.

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, asumió en el Parlamento las críticas de las familias por la falta de información y la necesidad de certificar periódicamente los abonos realizados y la deuda acumulada. Sin embargo, subrayó que los servicios públicos como los que presta el ERA no son gratuitos. Además, pidió tiempo para sacar el trabajo atrasado.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine