La actividad en el Parlamento asturiano

El PP y el Gobierno elevan el tono en sus acusaciones mutuas de corrupción

Los populares acusan al Principado de "sinvergonzonería" y "ruindad" en la trama del cable y el PSOE cree que buscan "tapar" el "caso Pokémon"

26.02.2016 | 03:49
Francisco Blanco, ayer, en la Junta.
Francisco Blanco, ayer, en la Junta.

El volumen dos del cruce parlamentario de acusaciones mutuas entre el PP y el Gobierno, enredados en la Junta, lanzándose casos de corrupción de lado a lado del hemiciclo, elevó ayer el tono y el grosor de las ofensas. Populares y socialistas tocaron la misma canción del debate de la semana pasada, pero más fuerte. El PP volvió a llenar de corrupción el orden del día del Pleno -cuatro de sus cinco preguntas de ayer versaban sobre el mismo asunto, hoy plantearán otra moción al respecto- y la sesión encontró a los populares arrojando al Principado las irregularidades detectadas en la empresa pública de telecomunicaciones GITPA y al Ejecutivo y al grupo socialista devolviéndoles la implicación de cargos del PP en el "caso Pokémon". A unos acusando a otros de pasividad; a los otros señalando al escaño vacío de la portavoz popular, Mercedes Fernández -ausente ayer para declarar en Lugo como testigo ante la juez de "Pokémon"- para afear a la bancada popular el clásico "hacer ruido" para tapar las propias vergüenzas.

Ruido hubo, y bastante. Tanto que el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, tuvo que interrumpir la sesión en varias ocasiones para pedir respeto en los dos flancos de la trifulca. Hasta cinco diputados del PP, medio grupo, intervinieron para hablar de GITPA, cuestión ésta que colaron incluso al hacer la única de sus preguntas de ayer que trataba un tema distinto al de la corrupción en la empresa del cable.

Fue pues un combate a cuatro, casi cinco asaltos, el primero a cuenta de la discrepancia sobre quién vio primero y denunció antes las corruptelas en GITPA. Abrió el fuego el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons disparando con la "vergüenza y ruindad" del Gobierno por evadirse de las irregularidades en la contratación de la empresa pública que acaban de llegar al juzgado. Les acusó de "sinvergonzonería", de "mentira deliberada" por sostener que habían actuado con diligencia y de "escapismo" ante la "rapiña de fondos públicos" que, a su juicio, "conocían" desde junio de 2014, que ignoraron hasta muy avanzado el año pasado y llevaron a la Fiscalía "cuando no les quedaba otro remedio". El interpelado era el consejero de Economía, Francisco Blanco, y defendió los tiempos de un proceso de "rigurosa investigación interna" al final del cual fue el Gobierno quien denunció el caso. El Ejecutivo, adujo, "no podía personarse ante la Fiscalía mientras instruía sus diligencias" -acordó hacerlo en el proceso judicial el 2 de febrero- y se niega a dar al PP "la cabeza del gerente para que pueda sacar rédito político cuando no se ha demostrado nada".

La réplica subió de tono en el turno de fijación de posiciones del PSOE, donde Jesús Gutiérrez -"no me lo ponga tan fácil", le dijo a Cuervas-Mons-, mirando al escaño vacío de Mercedes Fernández dijo lo que toda la cámara esperaba: "Si pretende hacer ruido, porque así se tapa lo que pueda pasar en Lugo, en Oviedo o en Madrid se equivoca, porque los medios de comunicación van a hacer ruido".

Incluso cuando intervenía para hablar de empleo juvenil, el parlamentario popular David González Medina aprovechó para atizar más el fuego de la corrupción respondiendo a Jesús Gutiérrez que "intentar mezclar cosas que no tienen nada que ver" es, dijo dos veces, ser "ruines y miserables". Su compañero Luis Venta introdujo silabeando con mucho cuidado una pregunta sobre las "irregularidades e ilegalidades cometidas en GITPA" y también replicó a Gutiérrez, en su caso que son "mejor ausencias que colaboran con la Justicia que presencias de diputadas imputadas", en relación a la socialista Dolores Álvarez Campillo y al "caso Kaype" de Llanes. Venta perseveró en que "la pasividad del Gobierno es complicidad" en la trama y Blanco, en que "le exijo que diga quién ha robado y qué pruebas tiene, y si no, que se calle".

Para entonces, el consejero también había acusado a los populares de estar "absolutamente perdidos" cuando Rafael Alonso reclamó la liquidación de GITPA y el consejero le afeó que quisiera "despedir a nueve trabajadores sin saber si participaron en la denuncia de las irregularidades".

A todo esto, el cruce de acusaciones mantuvo al resto de los grupos en el papel de testigos. A todos excepto a Podemos, cuya diputada se sumó al reproche popular asegurando que el Gobierno "nunca denunció estas irregularidades a la Fiscalía, sólo hizo un mero traslado de informes". También aprecia pasividad en el Ejecutivo y apostilla que "no hacer equivale a facilitar la comisión de nuevas irregularidades".

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