Asturias es una de las once comunidades autónomas que suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia que tiene como fecha el final del pasado año. Es un suspenso recurrente que la Administración asturiana siempre rechazó al entender que los estudios del Observatorio no se realizan en base a los mismos criterios ni condiciones entre autonomías.
Asturias se queda esta vez en un 3,6, la misma puntuación que Cataluña y Extremadura. Por debajo, comunidades como Cantabria, Navarra, Murcia, Baleares, Aragón y Canarias. Cierra el capítulo de suspensos la Comunidad Valenciana, con un cero redondo.
Hay en este "examen" cíclico del Observatorio de la Dependencia, dos comunidades con notable: Castilla y León (8,6 puntos) y Andalucía (7,5). Como se ve la mayor o menor eficacia en la puesta al día de la ley no tiene nada que ver con el signo político de quienes gobiernan los distintos territorios.
En cambio, superan el examen nota Castilla y León (8,6) y Andalucía (7,5), seguido de País Vasco (6,8), La Rioja (6,1), Castilla-La Mancha (5,7) y Madrid (5,7); esta última aprueba por primera vez en esta escala que se realiza desde hace nueve años.
Un 2,5% de la población
En España, hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5% de la población, según datos de 31 de diciembre pasado. El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, cuantifica en 2.865 millones el recorte acumulado durante la última legislatura "considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadores familiares".
El informe calcula que la aportación de los usuarios o copago es de un 20% sobre el total de gasto directo del sistema, superando a la aportación del Gobierno central.
"El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la ley, que establece una financiación al 50% por parte de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas", denuncia el observatorio, que señala que la realidad es que el 62% lo aportan las comunidades autónomas, el 20 por ciento los usuarios y el 18 por ciento la Administración central.
El dictamen señala que si se atendiera a las 384.326 personas que están en lista de espera se generarían más de 90.000 empleos directos, con un incremento del gasto público de 1.631 millones de euros al año.
En este sentido, recuerda que hay 182.000 empleos directos vinculados al Sistema de Atención de la Dependencia a finales de 2015. "Es rentable cumplir la ley, además de un derecho", asegura Ramírez.
